Derechos de las trabajadoras, igualdad de género y justicia económica

Lisa A. McGowan explica cómo las trabajadoras están llevando su feminismo, sus demandas de inclusión, sus nuevos estilos de construir poder y sus prácticas de cuidado a la batalla dura y por momentos profundamente contradictoria por hacer realidad una agenda amplia de derechos económicos y laborales. La autora muestra cómo las trabajadoras contribuyen a la implementación de una nueva ciudadanía económica: un concepto que integra los derechos laborales, la justicia social y económica, y la igualdad de género.

Introducción

Si conocen a una mujer, conocen a una trabajadora.

Tal vez trabaje en una fábrica, una oficina, o un puesto de venta callejero. Tal vez recoja flores respirando un aire caliente, pegajoso, lleno de fertilizante, o envase sardinas en una lata con sus manos lastimadas y ardiendo por los cortes, bañadas en escabeche. Tal vez le enseñe a tus hijas/os, limpie tu casa, cosa en una fábrica o en su hogar, o maneje una corporación con miles de empleadas/os. Su trabajo puede ser remunerado o no, y formar parte de la economía formal o informal.

Tal vez sea madre y seguramente también trabaje en el mismo lugar donde vive, atendiendo de mil maneras las necesidades emocionales y físicas de las personas a las que ama o con las que tiene la obligación de hacerlo, por amor, por deber o por pobreza.

El poder de las mujeres, motor de la economía global

El trabajo de las mujeres es fundamental para el cuidado y la reproducción de nuestro ser, para la supervivencia de la familia y del progreso, y para la producción que empuja el crecimiento económico. En las últimas décadas, las mujeres ingresaron a la fuerza laboral en un número sin precedentes, llegando a formar el 40,5 por ciento de la fuerza laboral global en 2008 (ILO, 2009). Las mujeres aportan el 66 por ciento del trabajo mundial, producen el 50 por ciento de los alimentos pero solo perciben el 10 por ciento de los ingresos y poseen el 1 por ciento de la propiedad (UNDP, 2011). En promedio, en el mundo en desarrollo, las mujeres generan el 43 por ciento de la labor agrícola y el 60-80 por ciento de la fuerza laboral en la industria para la exportación (FAO, 2011). Ellas son mayoría en sectores como la enseñanza, la salud y el empleo público. Como en todo el espectro socioeconómico las mujeres tienden a invertir sus ingresos en sus familias, incrementar los salarios de las mujeres se convierte en una medida extremadamente importante y eficiente contra la pobreza (FAO, 2011).

Las trabajadoras migrantes aportan un trabajo de importancia decisiva para los países en los que laboran, muchas veces sacrificando su propia vida familiar – en algunos casos, se trata de un dolor que dura toda la vida – para permitirle a otras trabajadoras encontrar un equilibrio entre sus compromisos laborales y familiares. El trabajo que ellas hacen sostiene las economías nacionales, porque las remesas constituyen una fuente fundamental de divisas extranjeras en sus países de origen, que en algunos casos llega a formar hasta el 10 por ciento del PIB (DAC Network on Gender Equality, 2011).

Si bien el porcentaje de mujeres que trabajan en empleos vulnerables declinó un poco en la década pasada (ILO, 2012), sigue siendo cierto que para muchas mujeres el valor esencial de su trabajo no se refleja en oportunidades, salarios o condiciones laborales. A menudo se les niega el acceso al crédito, a la propiedad de la tierra, a recursos productivos y al trabajo asalariado. Las mujeres constituyen casi la tercera parte de la población mundial que vive en la pobreza y dos tercios de las personas analfabetas en el planeta (FAO, IFAD, ILO, 2010). Las trabajadoras están desproporcionadamente representadas en los empleos a tiempo parcial, estacionales e informales de corta duración (UN, 2010) y por ende se las priva de seguridad y beneficios laborales. Las mujeres que trabajan en los peldaños más bajos de las cadenas de suministro globales  –como las trabajadoras de las fábricas y las subcontratadas, las que trabajan desde su domicilio, las trabajadoras domésticas, las del sector agrícola y las que procesan alimentos – tienen los peores salarios y la peor calidad en el empleo. En un estudio reciente efectuado en 43 países, la Confederación Sindical Internacional (CSI) reporta que las trabajadoras ganan un 18 por ciento menos que sus contrapartes hombres, y que los ingresos más bajos corresponden a las trabajadoras domésticas (ITUC, 2012). La responsabilidad primaria de las mujeres por el trabajo no rentado que implica el cuidado y la supervivencia de sus familias contribuye de manera significativa a la ‘pobreza de tiempo’ y a un potencial déficit económico que tiene consecuencias para las mujeres en términos de salud y bienestar.

Si bien incrementaron las oportunidades para el empleo rentado, las décadas de política económica y comercial neoliberal causaron estragos destructivos para las mujeres que están muy bien documentados. En la crisis más reciente que se desató en 2008, las mujeres están sufriendo niveles todavía más altos de pérdida de empleos, desempleo y dislocación económica que los hombres. Por ejemplo en Medio Oriente, donde el desempleo juvenil sobrepasó el 27 por ciento en 2011, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes fue del 41 por ciento (ILO, 2012). Las medidas de austeridad como los recortes en las redes de seguridad y los beneficios sociales, golpearon particularmente a las mujeres a partir de su doble rol como trabajadoras y cuidadoras.

La tendencia exhibida tanto por gobiernos como por empleadores privados de contratar personal en base a contratos y a menudo a través de agencias de colocación, es un componente fundamental de la crisis económica. Esta forma de mercantilización del trabajo, que genera una profunda explotación y por la que las agencias pueden cobrar tarifas exorbitantes a las trabajadoras, conduce a situaciones de coerción y muchas veces a la esclavitud por deudas, cuando la trabajadora no puede abandonar un lugar de trabajo donde la maltratan por la deuda que ha acumulado. En general, la informalidad y el trabajo por contrato socavan las perspectivas laborales a largo plazo de las mujeres, la estabilidad de sus ingresos, beneficios y posición social. El trabajo por contrato, que elimina el vínculo laboral directo entre la trabajadora y su empleador/a, trastoca el derecho de las mujeres a negociar y regatear en forma colectiva por mayores salarios y beneficios.

En lo que muchas/os ven como parte de un sistema económico global que es cada vez más despiadado y deshumanizador, empleadores del sector privado y público junto con los estados que los apoyan hacen variados esfuerzos para debilitar las instituciones y los principios que les permiten a las/os trabajadoras/es defender sus intereses y derechos. De México a Baréin, de Bangladés a Nigeria y de Estados Unidos a Turquía, se pueden observar la criminalización de las protestas laborales, razzias policiales en sedes sindicales, intimidación a defensoras/es de derechos, y respuestas militarizadas a las marchas y huelgas – todas acciones que desobedecen acuerdos internacionales de derechos laborales y humanos.

En todo el mundo, las/os activistas están denunciando una intensificación de la violencia contra trabajadoras/es individuales, en el lugar de trabajo y en las calles durante protestas y huelgas, que incluye hostigamiento, represión brutal de la libertad de expresión y de reunión, agresiones sexuales y chantajes. Llevada al extremo, esta violencia se transforma en asesinato. Solo en 2011, fueron asesinadas/os 76 sindicalistas (la cifra no incluye a las/os que murieron durante los levantamientos árabes), mientras que miles fueron despedidas/os y arrestadas/os ilegalmente (ITUC, 2012).

Luchas de las trabajadoras por sus derechos

Desde los años setenta, los sindicatos se han convertido en un vehículo global importante para avanzar la igualdad de género tanto en el Norte como en el Sur Global (Cobble, 2012). Esto se da inclusive en muchos sindicatos dominados por los hombres que pueden exhibir unos cuantos déficit cuando se trata de las mujeres. Con más de 70 millones de mujeres afiliadas a los sindicatos en la actualidad, ellas constituyen una fuerza considerable y se están haciendo oír. Cuando funcionan bien, los sindicatos representan las prioridades de sus asociadas/os y, con un gran número de trabajadoras en sus filas, algunos contribuyeron a expandir los derechos de estas mujeres y las agendas de igualdad de género en el lugar de trabajo y en la sociedad. También ampliaron su alcance para apoyar a las/os trabajadoras/es de la economía informal de diversas formas (Schurman and Eaton, 2012).

Los sindicatos están en primera línea en las luchas por hacer retroceder los abusos de las políticas neoliberales que colocan en tanta desventaja a las mujeres y por implementar políticas micro y macroeconómicas a favor de las/os trabajadoras/es y las/os pobres. En la crisis económica actual, los sindicatos han hecho un esfuerzo masivo exhortando a los gobiernos a incrementar las inversiones productivas y las políticas de apoyo al empleo como herramientas fundamentales para la protección de las/os trabajadoras/es, a poner en marcha el crecimiento y prevenir nuevas turbulencias financieras y económicas que amenacen la estabilidad económica global.

Las trabajadoras están activamente formando sindicatos y otras organizaciones de membresía, además de utilizar las ‘tecnologías principales’ de los sindicatos – estrategias de negociación colectiva, un análisis lúcido de los conflictos intrínsecos entre trabajo y capital que también define los intereses compartidos, contratos laborales que establecen derechos y responsabilidades para las dos partes, y el poder de la acción coordinada y colectiva de las/os trabajadoras/es – en formas nuevas a la vez que siguen expandiendo el significado de la inclusión y la representatividad.

Las trabajadoras se están organizando por su cuenta en aquellos sectores de la economía informal en los que desde hace mucho tiempo los sindicatos creyeron que la organización era imposible como la economía informal, el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio y la venta callejera  (Mather, 2012). Se están organizando de un extremo a otro de las cadenas de suministros, incluyendo la agricultura, y asociándose con organizaciones internacionales dedicadas a apoyar y hacer incidencia en derechos laborales (como Solidarity Center, WIEGO, la Campaña Ropa Limpia y la Red de Solidaridad de la Maquila), así como con organizaciones nacionales de derechos de las mujeres. Estas formas innovadoras de organización laboral en colaboración – que en algunos casos surgieron precisamente debido a la exclusión de las mujeres de los sindicatos tradicionales – están determinando como será el movimiento laboral en el siglo XXI. Cada vez más los sindicatos tradicionales trabajan junto con organizaciones de derechos laborales que incluyen a las mujeres, procurando aprender de sus conocimientos y enfoques para una representación eficaz de las trabajadoras en mercados laborales donde la informalidad predomina cada vez más.

En el plano internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – una agencia que forma parte del sistema de la ONU y fue creada en 1919 – promueve los derechos laborales de las mujeres. Los convenios de la OIT se ocupan específicamente de los derechos de las trabajadoras, por ejemplo en cuanto a la maternidad, y definen los que se considera estándares laborales básicos para todas/os las/os trabajadoras/es: libertad de asociación, derecho a las negociaciones colectivas, no-discriminación, erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzado. El Pacto Mundial para el Empleo y la Resolución de la OIT “La igualdad de género como eje del trabajo decente” se ocupan específicamente del impacto de la crisis actual sobre las mujeres. En 2011, la OIT aprobó el Convenio 189: Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Este acuerdo sin precedentes traslada por primera vez los derechos laborales consagrados en los estándares laborales básicos de la OIT a la economía informal. Valora en forma explícita el trabajo de cuidado que hacen las mujeres y por ende a las cuidadoras, modificando drásticamente una de las formas más importantes y arraigadas de discriminación contra las mujeres en todo el mundo, y abriendo la puerta para mejorar las condiciones laborales para más de 100 millones de trabajadoras.

En estos últimos años la CSI, con sus 175 millones de afiliadas/os a 305 sindicatos miembros en 151 países, promovió una serie de campañas internacionales para luchar por los derechos de las trabajadoras con objetivos como cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres; garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, las de la economía informal y las migrantes; concientizar y movilizar para que las jóvenes trabajadoras puedan tomar decisiones informadas sobre su vida y su trabajo. Varias federaciones sindicales internacionales (FSI) que representan a distintos sectores con elevada proporción de afiliadas, como la Internacional de Servicios Públicos (PSI), Internacional de la Educación y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), son líderes en cuanto a apoyar la educación, organización y negociación por los derechos de decenas de millones de trabajadoras. Campañas internacionales como las que PSI está llevando a cabo por la equidad de género, los servicios públicos de calidad y el acceso al agua, son lideradas por sus sindicatos miembros y benefician a sus afiliadas/os (en su mayoría mujeres) así como a las mujeres de la comunidad. Junto a la CIS, estas FSI se han esforzado por garantizar que las voces de las trabajadoras se escuchen en los foros internacionales sobre derechos, como la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

La integración de los derechos de las mujeres, los de las trabajadoras y la justicia económica

Con una fuerza laboral cada vez más activa pero con frecuencia vulnerable, la pregunta clave que formuló el 12mo Foro AWID en abril de 2012 fue: ¿Cómo transformamos el poder económico para avanzar la justicia y los derechos de las mujeres?

Garantizando los derechos de las trabajadoras es, sin duda alguna, una de las respuestas posibles.

Los derechos de las trabajadoras son una expresión concreta de la dignidad y el valor intrínseco de lo que hacen las mujeres todos los días. Son un medio para transformar derechos aspiracionales en mejoras concretas en la posición, los salarios, las condiciones de trabajo y, en última instancia, el desarrollo económico. Son fundamentales para los derechos humanos, para los derechos de las mujeres y sin ellos – y las instituciones que los defienden – no puede haber justicia económica.

Las trabajadoras están llevando su feminismo, sus demandas de inclusión, sus nuevos estilos de construir poder y sus prácticas de cuidado a la batalla dura y por momentos profundamente contradictoria por hacer realidad una agenda amplia de derechos económicos y laborales. Así contribuyen a la implementación de una nueva ciudadanía económica: un concepto que integra los derechos laborales, la justicia social y económica, y la igualdad de género (Moghadam, 2011).

Estrategias por los derechos de las trabajadoras

En el transcurso de los cuatro días que duró el Foro AWID, un grupo comprometido de actividades por los derechos de las trabajadoras y sus aliadas/os hablamos apasionadamente de los derechos laborales de las mujeres y las estrategias para el cambio. Las recomendaciones para la acción que se presentan a continuación surgieron de esas ricas conversaciones. En el contexto de la construcción de movimientos para la transformación económica, las activistas por los derechos laborales y de las mujeres deberían:

• Planificar la formación en derechos laborales para desarrollar y fortalecer el análisis de las mujeres para generar una mirada crítica sobre las fuerzas globales políticas, sociales y económicas que las afectan, construir poder y encarar acciones estratégicas;
• Utilizar de manera deliberada los espacios educativos que ofrecen los sindicatos para conectar entre sí a trabajadoras de distintos sectores, con diferentes relaciones y categorías laborales y de distintos países, así como para vincular a las trabajadoras y sus aliadas/os con el movimiento feminista y otros movimientos por la justicia social para compartir conocimientos teóricos y prácticos, y estrategias para construir poder;
• Integrar la conciencia y la práctica del cuidado y la solidaridad en las herramientas y mecanismos que utilizan las activistas y los movimientos sociales para alcanzar la igualdad de género, la justicia, la sostenibilidad y una seguridad compartida en el futuro;
• Interactuar con feministas, economistas, diseñadoras/es de políticas, tomadoras/es de decisiones y académicas/os a nivel tanto teórico como práctico para determinar cómo se pueden utilizar los derechos de las trabajadoras y su organización para fortalecer la promoción de la igualdad de género, incrementar los medios de vida de las mujeres, impulsar la producción y el crecimiento económico, y realzar la justicia económica;
• Continuar fortaleciendo la comprensión, el apoyo mutuo y las alianzas estratégicas entre diferentes formas de organizaciones de membresía por los derechos laborales, como los sindicatos solo de mujeres, los sindicatos tradicionales, las asociaciones de trabajadoras/es de la economía informal, asociaciones de trabajadoras/es migrantes y cooperativas;
• Integrar valores y análisis pro-derechos laborales en las conversaciones y debates sobre el desarrollo económico;
• Analizar y confrontar el crecimiento del trabajo informal y el auge de las agencias y el trabajo por contrato tanto en las cadenas globales de suministro como en los servicios (por ejemplo en el trabajo doméstico), la construcción y el sector público, proponiendo leyes y sistemas de aplicación de las mismas que aborden la explotación de las trabajadoras por parte de las agencias que ofrecen personal por contrato, incluyendo responsabilizar a las/os empleadoras/es por las acciones de estos intermediarios.
• Utilizar los espacios legales de maneras nuevas; por ejemplo, apoyarse en el logro que alcanzaron las trabajadoras domésticas a través del convenio de la OIT que apoya sus derechos para expandir la codificación de los derechos de las mujeres en otros sectores de la economía informal, o asistir a los gobiernos a acceder a la asistencia técnica que brinda la OIT sobre derechos de las trabajadoras y oportunidades de empleo para ellas.

Referencias

1. Cobble, Dorothy Sue (2012), Gender Equality and Labour Movements: Toward a global perspective, New Brunswick, NJ: Rutgers University and the Solidarity Center.
2. DAC Network on Gender Equality (2011) ‘Women’s Economic Empowerment’, Issues Paper.
3. FAO, IFAD, ILO (2010) ‘Gender and Rural Employment Policy Brief #2’, Investing in Skills for Socio-Economic Empowerment of Rural Women’, consultado el 13 de abril de 2013. En castellano: Género y Empleo Rural. Documento de Orientación Nº 2: Invertir en capacitación para el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales.
4. FAO (2010–2011) ‘El estado mundial de la agricultura y la alimentación’, consultado el 13 de abril de 2013.
5. ILO (2009) ‘Tendencia mundiales del empleo de las mujeres 2009’, Ginebra,  consultado el 13 de abril de 2013.
6. ILO (2010) Women in Labour Markets: Measuring progress and identifying challenges, Geneva, Switzerland: ILO.
7. ILO (2012) Tendencias globales en el empleo: Para recuperarse de una segunda caída en el empleo, Ginebra.
8. International Trade Union Confederation (2012) ‘Detenida en el tiempo: La brecha salarial de género no ha cambiado en 10 años‘, consultado el 13 de abril de 2013.
9. Mather, Celia (2011), Informal Workers Organizing, Washington DC: WIEGO and Solidarity Center.
10. Moghadam, Valentine (2011) ‘Toward Economic Citizenship: The Middle East and North Africa’, in Valentine M. Moghadam, Suzanne Franzway and Mary Margaret Fonow (eds.) Making Globalization Work for Women: The role of social rights and trade union leadership, Albany, NY: State University of New York Press.
11. Schurman, Susan J and Adrienne E Eaton (2012), Trade Union Organizing in the Informal Economy: A review of the literature on organizing in Africa, Asia, Latin America, North America and Western, Central and Eastern Europe, Washington DC: Rutgers University and Solidarity Center.
12. UN (2010) ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010’, New York, United Nations.
13. UNDP (2011) ‘Gender Equality and UNDP’, Fact Sheet, , consultado el 13 de abril de 2013.