Ninguna revolución sin igualdad y justicia: La lucha por los derechos de las mujeres en la reformulación del desarrollo en la región árabe

Publicado en El Rol del Estado, Flujos Financieros, Temas Críticos en mayo 31st, 2013 by AWID Staff

Source: Palgrave MacMillan Society for International Development

Kinda Mohamadieh subraya los defectos en las políticas implementadas en las últimas dos décadas en la región árabe. Estudia las posturas de los grupos feministas y de mujeres sobre derechos y políticas económicas y sociales en la región árabe, abordando cómo se pueden imponer la igualdad y la justicia en la formulación de políticas en la región. También analiza las demandas económicas y sociales que ocupan un lugar central en las revoluciones que tuvieron lugar en la región árabe, así como los desafíos que implica reivindicar la ciudadanía y la democracia en un sistema de gobernanza global distorsionado al servicio de un modelo económico dominante ortodoxo. Por último, la autora destaca la necesidad de profundizar las perspectivas y posturas de los grupos feministas y de mujeres sobre derechos y políticas económicas y sociales en la región árabe.

Tabla de contenidos:

Introducción
Desafíos para los derechos de las mujeres
Fallas en las políticas puestas en práctica en la región árabe
Establecer una estrategia para el desarrollo y repensar el rol del estado desarrollista y democrático
Grupos feministas y de grupos de mujeres sobre los derechos y políticas económicas y sociales en la región árabe
Igualdad, justicia de género y diseño de políticas centrado en el desarrollo
Repensar las políticas productivas
Repensar las políticas de inversiones y comerciales
Instituciones financieras internacionales en la región árabe
Conclusión

Introducción

Las mujeres ocuparon un lugar central en los movimientos ciudadanos y en las diversas formas de activismo que llevaron a las revoluciones y levantamientos populares en la región árabe. En sus diversas capacidades y roles – como estudiantes, activistas de grupos en la industria y laborales en general, intelectuales, docentes, madres, líderes de la sociedad civil –, todas contribuyeron a que las revoluciones fueran una realidad.

Las revoluciones y los levantamientos populares en la región árabe inspiraron cambios en distintos niveles, incluyendo el resurgimiento de la participación ciudadana en la esfera pública. Muchas personas vieron la oportunidad de recrear el contrato social entre la ciudadanía y el estado. Además, las revoluciones y levantamientos populares llevaron a la superficie la necesidad de entender mejor la conexión entre gobernanza política, políticas sociales y económicas, y el derecho de los pueblos al desarrollo. La base de las revoluciones y levantamientos de la región árabe la formaron los reclamos económicos, la pobreza, las desigualdades, el desempleo, el deterioro de los salarios – en suma, violaciones a los derechos sociales y económicos. En este momento de transición, la lucha por tornar sostenibles las prácticas democráticas en la región árabe también incluye reformular el paradigma del desarrollo y cómo incluir el derecho al desarrollo en el diseño de políticas económicas y sociales en la región.

Las revoluciones y transiciones han dejado en claro que ciudadanas/os deben participar y practicar activamente su ciudadanía, en sus dimensiones económicas, sociales, políticas y también culturales. La ciudadanía y los derechos han sido reivindicados como fuente de legitimidad para la toma de decisiones y como mecanismo para mantener la rendición de cuentas.

Desafíos para los derechos de las mujeres

Las amenazas de una reacción contra los derechos de las mujeres, que surgieron rápidamente después de la caída de los viejos regímenes en muchos países árabes, conviven con el optimismo. Ya se registraron ataques contra grupos y activistas de mujeres en Túnez, Egipto y Libia. Parece posible que se produzca una reacción significativa contra los derechos de las mujeres y sus luchas, mientras los espacios para impulsar esas demandas ya se están estrechando.

El liderazgo emergente, de predomino masculino, parecería olvidar que sin igualdad en todos los aspectos – en la ley y en la práctica – la democracia sería otra forma del autoritarismo (International Civil Society Action Network, 2011). No hubo representación equitativa de mujeres en los procesos políticos de transición en Egipto, Túnez y Libia, ni en sus comités de transición. Partidos políticos con identidad islamista obtuvieron la mayoría en Egipto y Túnez, y también en las elecciones celebradas en Marruecos en 2011. Las mujeres tampoco estuvieron representadas en forma equitativa en los parlamentos nacionales. Además, se viene acentuando el peso de la religión en la definición de los roles de las mujeres y de su condición política, económica y social. En ese contexto, los derechos de las mujeres podrían pasar a formar parte de un juego político en el que los grupos los utilicen como herramienta para proyectar una imagen de liberalismo o como respuesta a la ideología política que se les opone, sin integrar la igualdad de género en sus prácticas ni haber internalizado la lucha por los derechos, la igualdad y la justicia para las mujeres en sus programas de trabajo (Mustafa, 2011). En el mismo sentido, para las mujeres de la región árabe y específicamente de los países donde se produjeron revoluciones populares, está presente la amenaza de que resurjan viejas luchas y es necesario concentrarse en ampliar los espacios para las demandas de las mujeres en relación a otros actores políticos, sociales y cívicos.

La gran pregunta es si las revoluciones sentaron las bases para un sistema de gobernanza y una práctica política construidos a partir de los derechos, la igualdad y la justicia. Los movimientos populares, ¿tienen el potencial de formular un marco de referencia que cuestione las estructuras económicas y sociales de gobernanza desde un enfoque de derechos? Dada la gobernanza económica global con la cual las realidades árabes están estrechamente vinculadas, ¿es posible que se produzca una revolución económica a nivel nacional que implique reorganizar las relaciones sociales y de poder que influyen sobre las realidades económicas? ¿Somos capaces de abordar la distribución de recursos económicos y promover la independencia económica de las mujeres, que está profundamente vinculada con su mayor participación política? Los movimientos en general, ¿reflejan una revolución que transforme la realidad en términos de su impacto sobre aspectos concretos de los derechos, igualdad, inclusión y justicia de género?

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Fallas en las políticas puestas en práctica en la región árabe

Lo que resulta evidente de las décadas previas de gobierno y aplicación de políticas en los países árabes es el descuido del proyecto de desarrollo nacional (visión/estrategia) y el deterioro en el arte de gobernar. El interés de los gobernantes se centró en obtener el apoyo de la comunidad internacional – incluyendo a los principales bloques económicos y las instituciones financieras internacionales – adoptando las recetas económicas ortodoxas aceptadas. La ortodoxia económica se utilizó para conseguir apoyo internacional, pese a la naturaleza opresiva de la gobernanza política y los abusos flagrantes a los derechos humanos. Así convergieron los poderes políticos y económicos, y los recursos económicos se fueron centralizando cada vez más, monopolizados por una minoría que formaba parte de la familia o partido gobernante, o tenía vínculos cercanos con ellos.

En las últimas tres décadas, las economías de la región árabe se fueron construyendo cada vez más en torno a una forma de crecimiento que no presta atención a los objetivos del desarrollo y a los derechos económicos y sociales de las personas. Quienes diseñan las políticas priorizaron la integración a la economía global mediante la liberalización del comercio y las inversiones, la toma de préstamos, la expansión de los acuerdos de privatización y las sociedades entre el sector público y el privado, así como la desregulación económica en general.¹ Las políticas macroeconómicas se reorientaron asumiendo como prioridades atacar la inflación, atraer inversiones extranjeras directas (IED) y abrirse cada vez más al comercio y los flujos de capital (UNCTAD, 2011). El rol de las políticas macroeconómicas en apoyo de una estrategia para el largo plazo orientada hacia el desarrollo fue dejado de lado. En consecuencia, las capacidades productivas nacionales quedaron marginadas junto con el proyecto general de desarrollo nacional, que incluye abordar las desigualdades, empoderar a las personas generando empleos y políticas de salarios justos, y formular planes sociales abarcadores y basados en los derechos (UNDP/League of Arab States, 2009).

Pese al crecimiento económico sostenido y a los logros en cuanto a productividad laboral en la mayoría de los países árabes, la participación de los salarios en los ingresos nacionales está estancada o en declive (ver Figuras 1 y 2). La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o UNCTAD en inglés), muestra que en Egipto, Túnez y Marruecos, la proporción que aportan los salarios ha sido en promedio de un 33 por ciento del ingreso nacional desde mediados de la década de los noventa, con algunas mejoras de corta vida en 2005, para luego declinar (documento político de UNCTAD). La depresión de los salarios se ha asociado con la flexibilidad del mercado laboral y la prioridad asignada a la competitividad de los sectores orientados a la exportación. Así, vemos que los países crecen económicamente al mismo tiempo que aumentan sus cifras de pobreza, desempleo y desigualdades. Los países árabes alcanzaron un crecimiento de entre un 5 y un 6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) entre 2007/2008, mientras que la pobreza en la región árabe se ubica en una gama que va del 8 al 30 por ciento, y el desempleo – que era del 14 por ciento en 2009 – subió al 40 por ciento en países como Sudán y Yemen (Joint Arab Economic Report, 2009/2010).² Cabe destacar que el desempleo se concentra en las mujeres y las personas jóvenes; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó un promedio de desempleo juvenil del 21,5 por ciento en los países árabes en 2010 que se elevó a un 33 por ciento entre las mujeres jóvenes ese mismo año (Tzannatos et al., 2011).

Figura1.

Crecimiento, salarios y productividad laboral en Egipto

Fuente: Porcentaje de crecimiento anual del PIB: Banco Mundial disponible en http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
• Cambios en el porcentaje de productividad laboral: Cálculos propios basados en la fórmula Productividad laboral = PIB/Empleo total. Para este cálculo, los datos sobre PIB se tomaron del Banco Mundial (cifras actuales en US$) disponibles en http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries
• Los datos sobre empleo total se tomaron de estadísticas sobre trabajo de la OIT disponibles en http://laborsta.ilo.org/
• Crecimiento en porcentaje del salario mínimo real mensual: como se calcula en el Informe Mundial sobre Salarios 2010-2011 de la OIT. Las tasas de crecimiento anual se calculan sobre la base de valores nominales y del IPC publicado por el Fondo Monetario Internacional. Disponible en http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_146710/lang–es/index.htm
• Bihter Moschini, de Arab NGO Network for Development compiló la información y preparó los gráficos.

Figura 2.

Crecimiento, salarios y productividad laboral en Túnez.

Las políticas sociales y económicas no se diseñaron al servicio de las metas de desarrollo y los derechos de las/os ciudadanas/os. La clase de crecimiento alcanzado no funcionó para las mujeres, para la igualdad, ni para muchas otras facciones y grupos sociales. Las desigualdades – que se reflejan en los salarios, el acceso al empleo y las vulnerabilidades sociales en general – fueron creciendo entre las regiones (centro y periferias), entre hombres y mujeres, y entre poblaciones jóvenes y de mayor edad.

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Establecer una estrategia para el desarrollo y repensar el rol del estado desarrollista y democrático

El principal desafío para los pueblos y el funcionariado en los países árabes radica en la reconstrucción del proyecto de desarrollo nacional (visión/estrategia). Esto requiere reivindicar el diseño de políticas y volver a imponer los principios de soberanía, igualdad, justicia, así como el derecho al desarrollo. Como el diseño de políticas fue muchas veces una reacción a lo que actores externos esperaban, exigían y a veces condicionaban, en la región árabe el estado adoptó una estrategia pasiva y no un rol ‘activista e idealista’ (Reinert, 1999).

Crear un nuevo contrato social hoy en los países árabes exige repensar el rol del estado. Esto incluye pensar sus distintos roles como un elemento importante para establecer mercados que funcionen bien, como inversor social y agente activo para las inversiones a largo plazo en la economía real. Estos diversos roles se ocuparán de los procesos y la construcción de instituciones, distribución de ingresos, justicia social y de género, y promoción de la forma adecuada de crecimiento económico que podría contribuir a fortalecer los roles mencionados (Reinert, 1999).

Grupos feministas y de grupos de mujeres sobre los derechos y políticas económicas y sociales en la región árabe

Los derechos cívicos y políticos de las mujeres; sus derechos económicos, sociales y culturales; y su empoderamiento están profundamente vinculados entre sí. Las presiones económicas, sociales y culturales que se ejercen sobre las mujeres en las sociedades árabes obstaculizan el proceso de avances en el terreno político y en el cívico. La independencia económica es un factor esencial para alcanzar una participación más alta en la esfera pública, más voces y más representación. El acceso a la educación y a oportunidades laborales – con el trabajo decente como marco de referencia³ – son puntos de entrada imprescindibles para la independencia económica. Esto muestra la relación interna entre distintos tipos de libertades, que se reflejan en el enfoque de Amartya Sen del ‘desarrollo como libertad’ dentro del cual él postula que la ‘falta de libertad económica’ que toma la forma de la pobreza extrema, puede hacer que una persona esté sujeta a violaciones de otras clases de libertades mientras que la ‘falta de libertad política’ también puede alentar la ‘falta de libertad económica’ (Sen, 2000, citado en Chimni, 2008: 5).

Es imposible despegar la participación de las mujeres en el plano económico de la reforma general de los modelos económicos y de desarrollo adoptados en la región árabe. Es necesario integrar revisiones sistémicas de las políticas para alcanzar los derechos de las mujeres y su empoderamiento económico a la revisión general de las políticas de desarrollo y los esfuerzos por la justicia económica, para construir sectores productivos, erradicar la pobreza, crear empleos y reformar la educación. Además, resulta imposible abordar los derechos de las mujeres utilizando enfoques parciales concentrados en indicadores específicos que dejen al contexto político más amplio en un lugar marginal. Un enfoque parcial llevará a esos resultados paradójicos que el Banco Mundial (BM) llama la ‘paradoja de la igualdad de género’ en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA): la falta de relación entre los progresos alcanzados por los países de la región en cuanto a cerrar las brechas de género en resultados de educación y salud y su capacidad de elevar las tasas de participación femenina en la vida económica y política (Vishwanath, 2012).

Los grupos de mujeres en la región árabe muchas veces no se han manifestado sobre los derechos económicos en la misma medida que lo han hecho sobre los políticos y cívicos. Construir un movimiento que se ocupe de temas económicos y sociales continúa siendo un desafío en un momento en que los grupos de derechos de las mujeres se están enfrentando a una reacción acerca de sus derechos políticos y personales. Pero es importante darse cuenta de que esta concentración en un solo aspecto de la conversación acerca de los derechos no es algo que solo suceda en la región árabe o entre las organizaciones de la sociedad civil. Se ha observado que el trabajo académico feminista a menudo se dedica a un aspecto de las violaciones a los derechos de las mujeres excluyendo o descuidando otros, lo que representa un desafío para abordar la universalidad de los derechos (Fagbonbe, 2008: 406).⁴

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil, los grupos feministas y de derechos de las mujeres desempeñan un rol fundamental hoy en día en cuanto a garantizar que las reformas en los países árabes adhieran plenamente a los principios de justicia, derechos humanos, no discriminación e igualdad. El desafío al que se enfrentan es asegurar que los derechos de las mujeres ocupen un lugar central en las reformas que se encaren – incluyendo las constitucionales y otras legislativas, así como en general en las reformas políticas, económicas, sociales y culturales. Otro reto que enfrentan estos grupos es pasar de una posición defensiva a un rol más propositivo en el diseño de políticas públicas, elaborando y promoviendo alternativas en todos los frentes. Los grupos feministas y de derechos de las mujeres necesitan fortalecer y profundizar la solidaridad y las plataformas comunes para las luchas contra la opresión económica y social. Estas plataformas prepararán el escenario para fortalecer a los movimientos sociales y colocar las nociones de igualdad y no discriminación en un lugar central en las diversas luchas que están librando estas sociedades.

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Igualdad, justicia de género y diseño de políticas centrado en el desarrollo

Uno de los principales desafíos a que se enfrentan los pueblos y el funcionariado en los países árabes hoy en día consiste en diseñar paradigmas de desarrollo alternativos y reconstruir el proyecto nacional de desarrollo (visión/estrategia). Pero el vínculo entre los desafíos que surgen de la globalización, la gobernanza económica global que no es democrática, la falta de estabilidad, las ocupaciones y conflictos internos en la región árabe, junto con las múltiples formas de violencia y discriminación contra las mujeres acentúa los retos que implica el debate en torno a paradigmas de desarrollo alternativos.

Repensar los paradigmas de desarrollo exige una variedad de herramientas de política económica, que se aplicarán a las políticas comerciales, de inversión, finanzas, fiscales y otras. Estas políticas se deben rediseñar para que apoyen procesos de desarrollo que hayan identificado los países y que sean de largo plazo y dinámicos, dentro de una secuencia alineada con los niveles de desarrollo ya alcanzados y los objetivos a los que apunta el desarrollo. La reconstrucción de los sectores productivos, la generación de empleos, la redistribución y la igualdad de oportunidades para todas/os en cuanto a participar de estos procesos y beneficiarse de ellos deben ocupar un lugar central en estos nuevos diseños. Esto también exige repensar los marcos reguladores y las instituciones públicas relacionadas con ellos para apoyar las metas fijadas para el desarrollo.

En este contexto, el acento no debería estar puesto en los niveles de crecimiento económico alcanzado sino en cómo se genera ese crecimiento económico y cómo el comercio, las inversiones y las finanzas interactúan en forma dinámica con objetivos de desarrollo como la generación de empleos, la reducción de la pobreza y, en general, la reparación de las desigualdades.

En el mismo contexto, es necesario analizar el supuesto de que el crecimiento económico automáticamente se traduce en más espacios para el empoderamiento económico de las mujeres, rompiendo el círculo de opresión política y de los derechos personales. Es necesario examinar más de cerca cuáles son las políticas de crecimiento que son buenas para las mujeres, sus empleos, y los avances en sus derechos económicos y sociales. Además, es necesario investigar qué clase de políticas de crecimiento contribuyen al proceso de reparar las desigualdades que afectan a las mujeres. Esto incluye investigar qué políticas sirven para empoderar y hacer que se apliquen los derechos de las mujeres, y qué medidas y leyes de discriminación positiva basadas en el género se necesitan para compensar la discriminación que es evidente en las leyes y prácticas de hoy (ver Figura 3).

Figura 3.

Diferenciación en las leyes en Medio Oriente y Norte de África
Fuente: World Bank/International Finance Corporation, 2012. Women Business and the Law 2012: 14. Disponible en: http://wbl.worldbank.org. Comparada con otras, la región de Medio Oriente y Norte de África exhibe el promedio más alto de diferencias entre hombres y mujeres en las leyes. Se asocia la intensa falta de paridad con una menor participación de las mujeres en la fuerza laboral.

Resulta decisivo luchar por un marco de referencia de los derechos, la igualdad, la inclusión y la justicia de género como base sobre la que se rediseñarán estas políticas. Establecer en qué medida sirven al progreso en materia de igualdad y justicia como principales indicadores para medir el éxito o el fracaso de estas políticas resulta igualmente fundamental.

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Repensar las políticas productivas

En general, se ha producido una reversión en los sectores productivos de las economías árabes que se manifiesta en el estancamiento de los aportes de la agricultura y la manufactura al PIB y la rápida expansión de actividades de servicios, con poco valor agregado, acompañada de una reversión en los aportes de la productividad al empleo (Arnim et al., 2011). Es imposible disociar el desafío que presenta el desempleo en la región árabe del que implica revivir las capacidades productivas, saliendo del patrón de baja productividad y baja creación de empleos: ambos desafíos deben abordarse juntos. Reestablecer las políticas de desarrollo en la agricultura, la industria y los servicios exigirá una transformación estructural que sólo será posible con un marco de referencia político deliberado y dinámico en el cual las políticas comerciales, de inversiones y financieras se establezcan para apoyar y expandir el espacio político y no para oprimirlo.

La elección de promover la igualdad y la justicia de género mediante políticas para el sector productivo demandará entender los roles que desempeñan las mujeres en estos sectores, las formas de discriminación a las que se enfrentan en la ley y en la práctica, y elaborar enfoques y mecanismos políticos acordes, que promuevan la igualdad de género y la justicia en forma deliberada y positiva.

El empleo de las mujeres en la región árabe ha estado muy concentrado en el sector agrícola. Fuera de este sector, la proporción de mujeres empleadas es apenas del 20 por ciento (2008) en los países de MENA, comparada con el 40 por ciento que se observa a nivel global (Naciones Unidas Informe ODM, 2010). MENA fue la única región en la que el empleo de las mujeres en la agricultura se incrementó en forma significativa en la última década, pasando del 33 por ciento del total del empleo femenino en 1996 al 39 por ciento en 2006 (World Bank, 2009).

Tras la crisis global económica y financiera (2008) el sector agrícola declinó, sobre todo en los países del Norte de África, lo que podría estar relacionado con una reducción de las exportaciones agrícolas (Tzannatos et al., 2011). Esto generó cada vez más presión sobre las oportunidades laborales de las mujeres y sus fuentes de ingresos, haciendo que se incrementara la pobreza entre ellas. La concentración del empleo femenino en este sector refleja los déficit generales que afectan a las mujeres en cuanto al acceso a la educación, servicios de atención a la salud y seguridad social. Además, las inversiones inadecuadas en infraestructura rural y el limitado acceso de las mujeres a la tierra y al crédito agregan todavía más capas a la vulnerabilidad de la participación femenina en el sector agrícola.

En consonancia, las políticas relacionadas con el sector agrícola tienen una gran influencia sobre las oportunidades que existen para alentar la participación de las mujeres en este sector, y para que esa participación pase de condiciones de vulnerabilidad al empleo remunerado y decente.

Compensar la declinación del sector agrícola teniendo en cuenta su rol social y económico no es algo que pueda encararse sin que el estado desempeñe un rol activo aclarando cuál será su política de largo plazo para desarrollar al sector. Esa estrategia podría incluir el marco legal necesario para apoyar inversiones que sean productivas y que respeten los derechos de las comunidades rurales, empoderando a las/os agricultoras/es en pequeña escala que forman la mayoría en este sector en los países árabes y donde se concentra la participación femenina. Este rol activo del estado como emprendedor e inversor activo en las capacidades productivas – dentro de una política que atraiga un conjunto más amplio de inversores al sector – no excluye el rol del sector privado. Al contrario: lo complementa y asegura una política orientada al desarrollo que favorezca la participación del sector privado.

En el mismo sentido, en varios sectores productivos – incluyendo la industria y el servicio – resulta necesario un plan de desarrollo abarcador y dinámico que integre una mirada de género.

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Repensar las políticas de inversiones y comerciales

Para una trayectoria exitosa de desarrollo, es fundamental diseñar políticas comerciales y de inversión que estén al servicio de objetivos de desarrollo. En su ausencia, el espacio que puede ocupar el desarrollo en la política nacional muchas veces depende de las reglas que fijan los acuerdos comerciales y de inversión. Además, la conversación sobre los vínculos entre las políticas de inversión/comerciales y el desarrollo no puede ignorar el género, sobre todo en un contexto en el que los retos y desigualdades del desarrollo se concentran en forma desproporcionada en las mujeres.

Vincular las políticas de inversión y comerciales con una estrategia de desarrollo que preste la atención debida a la igualdad y la justicia de género exige reorientar la gestión del comercio exterior y las inversiones en apoyo de estos procesos, incluyendo la inversión en sectores que son fundamentales para el empoderamiento económico de las mujeres. Esto también requiere pensar los distintos roles de las inversiones públicas y privadas, diferenciando entre las ‘productivas’ y las ‘improductivas’, y repensar los marcos reguladores y sus instituciones relacionadas en apoyo a metas de desarrollo más amplias.

En términos de políticas de inversión y de IED, quienes diseñan políticas en la región árabe y quienes los asesoran desde las distintas instituciones financieras internacionales muchas veces concentraron su atención en la necesidad de crear un ‘ambiente favorable’ para atraer inversiones y mejorar el clima de negocios. Esto muchas veces priorizó la promoción de más zonas de inversiones en las que los inversores gozan de menos regulaciones e impuestos, así como el fortalecimiento de los derechos de los inversores (IMF, 2011), la relajación de las regulaciones del mercado laboral y la firma de más acuerdos de inversión y liberalización del comercio (que ‘a menudo’ incluyen capítulos sobre inversiones y reglas para la protección a los inversores). Si bien no se ha probado empíricamente que exista relación entre la firma de tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio (TLC) y la llegada de más IED, las reglas que se fijan en estos acuerdos muchas veces tuvieron una influencia decisiva sobre el espacio político nacional, limitando las herramientas políticas que hubieran permitido vínculos más estrechos entre inversión y desarrollo.

Por ejemplo, los países árabes han pensado en establecer Zonas Industriales Calificadas (QIZ, en inglés) como herramientas para atraer IED. Tanto Jordania como Egipto crearon varias de estas zonas (Ghoneim and Awad, 2009).⁵ Hay evidencias que muestran que el empleo femenino ocupó un lugar significativo en los puestos de trabajo generados a nivel local por esas zonas. En Jordania, un 60 por ciento de la fuerza laboral jordana en las QIZ está formado por mujeres, en general muy jóvenes (de 18 a 30 años), en su mayoría solteras, con educación secundaria y poca o ninguna experiencia laboral previa (Ghoneim and Awad, 2009: 20).⁶ Pero la experiencia también mostró que el impacto de las QIZ sobre la productividad y el empleo de la población local ha sido mínimo (Ghoneim and Awad, 2009). Peor aun, las QIZ han estado asociadas con graves violaciones a los derechos laborales, que incluyen horarios de trabajo prolongados, falta de pago, abusos físicos y sexuales, privación de otros derechos humanos y laborales básicos.⁷ Algunos análisis presentan las cifras elevadas de participación femenina en las QIZ como un aspecto positivo. Pero es fundamental cuestionar qué clase de empleos se les ofrecen a las mujeres y si estas tendencias de más trabajo para las mujeres reflejan mejoras en cuanto a igualdad y justicia, o refuerzan la discriminación y la violación a sus derechos.

Resulta imperativo que los marcos de referencia para políticas de inversión en los países árabes sean revisados desde una perspectiva feminista y de género, para entender cómo las políticas nacionales sobre inversiones e IED afectan los roles de las mujeres en el hogar y en el mercado laboral, y cómo el género afecta a la inversión extranjera y sus aportes al desarrollo (Braunstein, 2006).

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Instituciones financieras internacionales en la región árabe ⁸

Después de las revoluciones populares en la región árabe, las instituciones financieras internacionales expandieron su rol y sus préstamos en la región. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se apuraron a ofrecer sus servicios y a incrementar sus préstamos a la región árabe.⁹ Al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) se le dio un nuevo mandato para intervenir en Egipto, Túnez, Jordania y Marruecos. El G8 y el G20 dejaron en claro que toda asistencia a los países en los que se estaban produciendo cambios sería canalizada a través de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo.¹⁰

En su informe titulado ‘Economic Transformation in MENA: Delivering on the Promise of Shared Prosperity’ (Transformación económica en MENA: Cumpliendo la promesa de prosperidad compartida) que se presentó en la Cumbre del G8 (mayo 2011), el FMI se concentró de manera muy visible en la necesidad de ‘una aceleración sustantiva del ritmo de crecimiento económico’, para luego hacer un llamado directo a ‘políticas que apoyen un ambiente favorable para el sector privado’ y a poner el acento en ‘las necesidades de estabilidad macroeconómica’ (IMF, 2011). El FMI continúa subrayando la necesidad de revisar el rol del sector público y darle espacio a un sector privado dinámico, lo que incluye un enfoque más comercial de las actividades públicas – licitaciones competitivas y tercerización de algunos servicios públicos al sector privado (IMF, 2011: 11). Las recomendaciones del Informe ponen el acento en mejorar el clima de negocios, que incluye la promoción de más zonas de inversiones en las que los inversores se beneficien de menos regulaciones e impuestos y el fortalecimiento de los derechos de los inversores. Pide el desarrollo de sistemas financieros de alcance más amplio – centrados en la liberalización de la entrada (de bancos extranjeros) y una reevaluación del rol de los bancos estatales – ¹¹ así como el estímulo a la integración comercial que se concentra en una mayor liberalización del comercio de servicios, de los capitales financieros y las inversiones, así como la libertad de establecimiento (IMF, 2011: 12–13). El informe también recomienda relajar las regulaciones del mercado laboral. Por último, el FMI previene contra el gasto excesivo con fines sociales¹² y recomienda que los gobiernos se centren en ‘mecanismos de protección social mejor focalizados’ (IMF, 2011: 13) como las transferencias de efectivo y otras formas de apoyo a los ingresos.

Resulta evidente que el FMI continúa centrando sus recomendaciones políticas en ajustes fiscales y monetarios, incluyendo medidas de austeridad y antiinflacionarias, de liberalización del comercio y financiera, y desregulación ¹³ evitando para las políticas macroeconómicas cualquier meta que podría formar parte también de los objetivos de desarrollo ligados al empleo y las capacidades productivas. Si bien el Fondo se apuró a incorporar referencias a las políticas sociales, el desarrollo a favor de las/os pobres, y la inclusión en su discurso parece haber muy poca diferencia entre lo que les recomienda a los gobiernos y pueblos hoy y lo que les recomendó a los dictadores árabes en el pasado (Bond, 2011). Esta suerte de ‘discurso en un nuevo envase’ no es nada nuevo para esta institución internacional. Inmediatamente después de la crisis, el FMI se reinventó a sí mismo como institución que podía dar respuesta a ella, y con el tiempo fue adoptando un lenguaje pro-género y medioambiente como envoltura para las mismas recomendaciones de políticas ortodoxas que sigue promoviendo.

Resulta claro que las prioridades de estas instituciones giran en torno a reforzar las opciones económicas que promovieron con los regímenes previos, evitando toda referencia a la incompetencia probada de estas opciones para los desafíos a que se enfrentan los países árabes en materia de desarrollo. Por eso les interesa presentar las fallas del modelo económico que promovieron ante los regímenes previos como producto de la aplicación de ese modelo en contextos no democráticos y opresivos y no como fallas del propio modelo económico.¹⁴ Esto constituye un intento de restablecer el espacio para promover la ortodoxia económica y el supuesto subyacente del neoliberalismo, que asume la existencia de un vínculo fuerte entre la liberalización económica y la transformación democrática.¹⁵

Los impactos sociales y diferenciados según el género de estas políticas macroeconómicas muchas veces no son ni estudiados ni señalados (Braunstein, 2012), mientras que los discursos aceptados sobre estas políticas y los modelos técnicos que las ilustran continúan siendo ‘portadores de género’ (Elson 1998, citada por Braunstein, 2012: 33). En una carta dirigida a la Directora Gerente del FMI, organizaciones de la sociedad civil subrayaron que las políticas que se basan en reducir el gasto estatal en necesidades básicas han profundizado la pobreza en todo el mundo, sobre todo entre mujeres y niñas que constituyen la mayoría de las personas pobres, e incrementado los cuidados que deben brindar las mujeres en el hogar, reduciendo así su tiempo disponible para el trabajo rentado. En la carta se indica que ‘el achicamiento del sector público que exige el FMI también eliminó empleos y beneficios, causando un impacto particular sobre las mujeres que son las primeras que pierden sus empleos y las últimas en volver a ser contratadas porque (por lo general falsamente) se las ve como a proveedoras secundarias. Este patrón trágico incrementa el trabajo no rentado de las mujeres en el hogar, en la agricultura de subsistencia y en el sector informal. La negativa del FMI a reconocer este trabajo no rentado en las cuentas nacionales refuerza aún más la desigualdad de género’.¹⁶

Otras instituciones financieras internacionales que están expandiendo su rol en la región árabe, como el BEI y el BERD, replican este enfoque. Por ejemplo: en sus Informes de Asesoría Técnica preparados para Egipto y Túnez, el BERD se refiere a las fallas en las políticas implementadas en el período anterior como ‘patologías en la implementación y el foco de las reformas, y su carácter incompleto’, y no como limitaciones inherentes a los sistemas económicos orientados hacia el mercado. (EBRD, 2011). Este enfoque a menudo limita la capacidad de estas instituciones para identificar las incompatibilidades entre varias de las áreas de la liberalización política y los niveles de desarrollo en estos países, limitando su capacidad para proponer y desarrollar intervenciones que estén más afianzadas en los objetivos de desarrollo a nivel nacional.

El rol que están desempeñando las instituciones financieras internacionales en la región puede abrir el camino para encerrar a las revoluciones dentro de ciertos límites y convencer a los gobiernos de que la única opción en materia económica es volver a estabilizar los modelos económicos ya usados en lugar de rediseñar en forma democrática las opciones económicas y alentar políticas alternativas para el desarrollo a nivel nacional. Los préstamos condicionados a la adopción de determinadas políticas tienen el potencial de intensificar las desigualdades de género o de reforzarlas, así como de socavar la capacidad de las mujeres para salir de la pobreza. Estos contextos contribuyen a marginar las demandas de las mujeres en cuanto a derechos y temas de género, lo que a su vez impacta sobre los espacios de que ellas disponen y los roles que asumen. Podría ser una forma de reacción contra el pensamiento económico y político alternativo que apoye los derechos de las mujeres en los países árabes. Esta clase de influencia por parte de poderes económicos y financieros globales no debería escapar al escrutinio del pueblo y de la sociedad civil, incluyendo a los grupos de derechos de las mujeres, derechos laborales y partidos políticos.

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Conclusión

Si bien en la región se están dando distintas formas de cambio en diferentes niveles, se multiplican los intentos de actores y grupos que pretenden estar haciendo intervenciones al servicio de las metas de las revoluciones y las aspiraciones de los pueblos. Cada vez más, quienes diseñan las políticas en los gobiernos y en los gobiernos de transición, los partidos políticos, grupos laboralistas y diversas organizaciones de la sociedad civil expresan sus agendas haciendo referencia a las metas de las revoluciones y los derechos de la ciudadanía, o utilizando referencias más elevadas con un discurso social y a favor de las/os pobres.

Esto es producto de la realidad que indica que – después de las revoluciones y levantamientos de los pueblos – la fuente de legitimidad de los procesos políticos se asienta cada vez más en los derechos de la ciudadanía y los principios de libertad, igualdad y justicia. Pero la igualdad y la justicia no pueden alcanzarse sin igualdad y justicia para las mujeres y sin derechos de las mujeres.

En esta área, los desafíos surgen de las dinámicas nacionales y de las realidades globales. Resulta evidente que en la gobernanza económica global existe la amenaza de ‘reducir el significado de la democracia a la elección de representantes que, cualquiera sean sus afiliaciones ideológicas, están obligados a implementar las mismas políticas sociales y económicas’(Chimni, 2006: 1). Alentar un liderazgo nacional que dé prioridad al interés público nacional basándose en visiones y estrategias democráticas y de desarrollo continúa siendo un desafío para los países árabes. Este contexto resume los principales retos para reivindicar la ciudadanía y la democracia en los países árabes y las posibilidades de que se produzcan un cercenamiento del espacio de que disponen los pueblos para planear nuevas realidades económicas y sociales.

Para romper con los intentos de volver a imponer o a establecer la opresión de los derechos y demandas populares hace falta preguntarle a los actores políticos locales (funcionariado estatal, legislaturas, partidos políticos activos) cuáles son sus agendas sociales y económicas y cómo benefician al desarrollo, en cuyo centro deberían colocarse los principios de igualdad, justicia y derechos de la ciudadanía – y hacerlo en forma pública y permanente. Debemos analizar y cuestionar el pacto social con el que se comprometen los partidos y figuras políticas electas, las visiones económicas y acerca del desarrollo que sostienen su programa de trabajo, y en qué medida ellas les permiten romper con los ciclos regresivos que van en contra de los derechos de las mujeres, para priorizar la igualdad y la justicia social y de género (Figuras 4 y 5)

Figura 4.

Participación de diversos sectores en el PIB – Túnez

Fuente: Arnim et al., (2011). Fuente de la información: Estimados de las autoras sobre datos de la Cuenta Nacional, UNSD

Figura 5.

Participación de diversos sectores en el PIB – Túnez

Fuente: Arnim et al., (2011). Fuente de la información: Estimados de las autoras sobre datos de la Cuenta Nacional, UNSD

Notas

¹ Forman parte del paquete de reformas políticas neoliberales que se hicieron conocidas como Consenso de Washington. Ver: http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html.

² Los PIB de los países árabes empezaron a crecer en 2003 cuando registraron una tasa de crecimiento del 7,3 por ciento comparada con una del 3 por ciento en 2002. Esa tendencia continuó en 2004, 2005 y 2006, años en que los países árabes registraron una tasa de crecimiento promedio del 7,3 por ciento, 8 por ciento y 6,6 por ciento respectivamente. El porcentaje de crecimiento del PIB logrado por los países árabes en 2008 fue de casi un 6,6 por ciento, un incremento con respecto al 5,2 por ciento de 2007. (Joint Arab Economic Report 2010 and 2009; se puede consultar en línea en: http://www.amf.org.ae/content/joint-arab-economic-report). Para más información ver: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–es/index.htm

³ El trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres y diálogo social. http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–es/index.htm

⁴ Fagbonbe afirm que ‘No resulta infrecuente que las académicas feministas de derechos humanos se concentren en la violencia doméstica, como la mutilación genital femenina o el velo. Aunque resulta razonable que esos temas sean prioridades, el descuido de otros temas es problemático’ Fagbonbe (2008).

⁵ Las QIZ son una iniciativa comercial de Estados Unidos para promover como meta política la normalización eficaz entre Israel y sus vecinos árabes Egipto y Jordania. Las QIZ se crearon tras una enmienda del TLC entre Estados Unidos e Israel de 1996 para extender el trato preferencial libre de impuestos que recibían los productos de origen israelí en el mercado de Estados Unidos a las exportaciones provenientes de zonas específicas de Egipto y Jordania que cumplieran con requisitos concretos sobre reglas de origen.

⁶ Ghoneim y Awad explican que esas cifras se pueden explicar por el hecho de que: ‘las actividades se concentran en el sector de la indumentaria y la vestimenta, que aparentemente se adaptan mejor a las habilidades femeninas o son considerados menos deseables por los hombres jordanos’.

⁷ ‘Statement On Labor Strikes in the Qualifying Industrial Zones (QIZ)’, 25 de abril de 2011. Disponible en: http://www.menaobservatory.org/statement-on-labor-strikes-in-the.html, consultado el 11 de abril de 2013 y ‘Jordan: Report notes regular abuse of workers in Qualified Industrial Zones’, 16 de mayo de 2006. Consultado en: http://www.irinnews.org/Report/26884/JORDAN-Report-notes-regular-abuse-of-workers-in-Qualified-Industrial-Zones (consultado el 11 de abril de 2013)

⁸ Esta sección se basa en el artículo titulado: The Demands for New Development Models at the Center of the Peoples’ Revolutions in the Arab Region: Threats from Multilateral and Regional Financial and Development Institutions (Mohamadieh, 2011).

⁹ El FMI señaló que su oferta es ayudar a desarrollar la estrategia económica de los países de MENA y traducirla en una agenda para el desarrollo que abarque varios años, sector por sector, con cálculo de costos e integrada a un marco de referencia macroeconómico en el mediano plazo (IMF, 2011). El Banco Mundial anunció préstamos adicionales a través de los Préstamos para Políticas de Desarrollo. Disponible en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,a:b~contentMDK
:22946182~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html. World Bank Program Information Document (29 de abril de 2011), Report No.: AB6555. Disponible en: http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=
523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS
&entityID=000001843_20110601141936 y http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23018433~
pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

¹⁰ Ya en febrero de 2011, en una declaración producto de su reunión en París, los países del G20 anunciaron que estaban preparados para apoyar a Egipto y Túnez, respondiendo en el momento indicado, coordinándose con las instituciones internacionales y los bancos regionales de desarrollo para acompañar reformas pensadas en beneficio de la población entera y la estabilización de sus economías: http://www.bloomberg.com/news/2011-02-19/g-20-country-ready-to-support-egypt-tunisia-
after-revolts.html (consultado el 11 de abril de 2013) y http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/5955/Business/Economy/G-offers-Egypt,-
Tunisia-help,-not-blessing.aspx (consultado el 11 de abril de 2013)

¹¹ El informe afirma: ‘Entre las áreas de acción se incluye el fortalecimiento de la infraestructura financiera (p.ej. información sobre créditos y derechos de los acreedores); el impulso a la competencia eliminando barreras al ingreso y reduciendo la tolerancia reguladora frente a los grandes riesgos y los préstamos conectados con ellos; la reevaluación del rol de los bancos estatales; el desarrollo del sistema financiero no bancario; y la profundización de los mercados locales de deuda y accionarios para ofrecer fuentes de financiamiento alternativo’ (FMI, 2011: 12).

¹² El informe afirma: “Con un espacio fiscal en general limitado, los países importadores de petróleo de MENA se enfrentan al desafío inmediato de preservar la estabilidad macroeconómica mientras construyen cohesión social. En el corto plazo, los gastos adicionales son entendibles y necesarios para garantizar la cohesión social. Pero los países importadores de petróleo no pueden permitirse someter a presión a las finanzas públicas para no poner en peligro – en el mediano plazo – una nueva agenda de crecimiento con inclusión. Con este fin, necesitarán compensar en parte algo del costo adicional de los subsidios más elevados y de otras medidas de apoyo a través de recortes en otro sector. En el mismo sentido, deberán evitar introducir medidas que incrementen los gastos de manera permanente. Para preservar la confianza de los mercados e impedir futuras escaladas en el costo del financiamiento, los gobiernos deberían detallar planes creíbles para descomprimir medidas de emergencia’ (IMF, 2011: 7).

¹³ Dani Rodrick describe este conjunto de políticas como Reducción Aumentada del Consenso de Washington (Rodrik, 2006, citada por Braunstein, 2012: 2).

¹⁴ El informe sostiene que ‘en varios países se han iniciado reformas económicas durante la última década. Pero en el contexto de caída en la legitimidad del estado, bajos niveles de participación política, percepciones de corrupción y actitudes depredadoras, y poca rendición de cuentas, esas reformas fueron demasiado parciales como para echar raíces o transformar intuiciones escleróticas. Muchas veces se las vio como causantes del incremento de la desigualdad y beneficiosas solo para las elites con conexiones políticas’ (World Bank, 2011: 1).

¹⁵ Este enfoque considera que a través de las reformas en las regulaciones sobre competencia, inversiones, resolución de disputas y demás, los nuevos actores económicos podrían jugar un rol más grande en la economía nacional. (Griswold, D., 2007. Trade, Democracy and Peace: The Virtuous Cycle. Disponible en: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=10712. Cabe señalar que en 2001, la administración Bush llamó a democratizar la región árabe promoviendo TLC bilaterales.

¹⁶ ‘Women’s Letter to Christine Lagarde!’ (agosto de 2011). Declaración firmada por más de 40 organizaciones en todo el mundo. Disponible en: http://www.genderaction.org/campaigns/lagarde711.html.

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