Género, equidad social y procesos económicos regionales: perspectivas de América Latina y el Pacífico

Alma Espino e Yvonne Underhill-Sem analizan el regionalismo y la regionalización en América Latina y en el Pacífico. Aunque existen importantes diferencias entre ambas realidades, las autoras destacan las ventajas, peligros y desafíos de la integración económica en términos de género y equidad social, centrándose en las relaciones de poder que operan a distintos niveles y poniendo énfasis en la necesidad de conocer mejor la dimensión de género en estos procesos. Comprender las consecuencias que tiene la expansión geográfica del capitalismo global en cuanto al género, les permitirá a las feministas elaborar propuestas para esquemas de integración económica que sean más abarcadores, con conciencia de género y orientados al desarrollo humano.

• Introducción
• Regionalismo y regionalización
• Regionalismo en América Latina
  • Desigualdades en América Latina
  • El contexto y los desafíos
  • El estado actual de la integración: el Mercosur
  • El progreso
  • Potencialidades: diversificación productiva y competitividad
  • Estrategias de género y Mercosur
• Regionalismo en el Pacífico
  • El contexto y los desafíos: ayuda y comercio pero, ¿dónde están las mujeres?
  • ¿Adónde ir después de 2012?
• Conclusiones

Introducción

La crisis económica y financiera global actual, que afecta de manera diferente a los países del Sur Global, renueva el desafío de avanzar procesos de integración económica regional por su rol en cuanto a amortiguar nuevas crisis y también para promover un desarrollo sostenible y con inclusión social que contribuya a eliminar las desigualdades sociales.

Los procesos de integración económica regional pueden tener efectos significativos sobre el desarrollo social y humano por su potencial en cuanto a generar procesos que vayan mucho más allá de la simple eliminación de barreras al comercio de bienes y servicios entre países. La integración puede ser una herramienta apropiada para mejorar el desarrollo en el largo plazo aportando – entre otras cosas –expansión de los mercados, economías de escala e incorporación de tecnología, pero sus objetivos específicos dependerán de las necesidades del proceso de desarrollo. La integración de las economías regionales también puede incluir la armonización de estándares y marcos reguladores, la baja de restricciones para el capital financiero y la movilidad laboral, enfoques comunes en materia de políticas fiscales y monetarias, promoción de la paz y prevención del conflicto, y sumar inversiones en infraestructura de transporte, energía y comunicaciones (UNDP, 2011).

Los procesos de desarrollo regional transformadores también pueden promover los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres. Según la modalidad que adopte el proceso de regionalismo, la integración económica y el comercio pueden incrementar el empleo y contribuir a empoderar a la gente; esto puede resultar particularmente relevante para alcanzar la justicia de género. La expansión de las oportunidades económicas para las mujeres puede empoderarlas y contribuir de manera intrínseca al desarrollo humano, con efectos multiplicadores en otros de sus aspectos como la nutrición, el acceso a la salud y la educación. Pero esto solo sucederá si hay un análisis cuidadoso de la naturaleza de género del empleo tanto formal como informal en los diferentes sectores productivos junto con un reconocimiento de la naturaleza de la economía del cuidado en los distintos países.

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Regionalismo y regionalización

La integración regional se puede ver como un proceso multidimensional que incluye no sólo la cooperación económica sino también la armonización de cuestiones de política exterior y seguridad, así como la consideración de aspectos sociales y culturales. Pero el comercio y la economía continúan siendo los aspectos centrales de la mayoría de los esquemas de integración en curso. La cantidad de acuerdos de integración económica regional aumenta en forma constante, con los mercados como actores principales. Pero los mercados regionales se pueden integrar de maneras diferentes. Primero debemos distinguir entre la noción de ‘regionalización’ y la de ‘regionalismo’.

La regionalización es un proceso de actividades económicas transnacionales, liderado por el mercado, que puede medirse empíricamente y ocurrir sin demasiada interferencia del estado. El regionalismo es un proceso político liderado por el estado, que con frecuencia implica la integración económica y se basa en acuerdos formales y un proceso concomitante de formación de instituciones como los procesos de integración de la Unión Europea o la Comunidad de Desarrollo de África Austral.

En términos de cobertura y profundidad, la integración económica regional sigue patrones que son muy diferentes en distintas partes del mundo y en los distintos procesos de integración subregionales y regionales. La variedad de prácticas económicas y sus interconexiones con distintas regiones en la economía global muestra, por ejemplo, procesos de producción regional en Asia meridional; de tercerización de negocios en India y África Oriental, exportaciones de agronegocios en Brasil, inversiones chinas que buscan recursos en África, y acuerdos para la explotación pesquera entre la Unión Europea y estados del Pacífico. Los resultados de estos procesos son diferentes para cada país y dependen de su envergadura económica, demográfica y geográfica, entre otros factores como su poder político y militar. Estas diferencias pueden contribuir a mantener o ampliar las brechas de desarrollo entre países y sociedades.

Además, habiendo economías nacionales relativamente grandes en el Sur Global, la diferenciación económica interna se está tornando cada vez más rigurosa y muchos países ya incluyen regiones dinámicas, de rápido crecimiento, y regiones empobrecidas donde el crecimiento es muy lento. Son enormes los desafíos políticos que implica negociar resultados de desarrollo con equidad cuando tanto las economías regionales internas como los acuerdos regionales y de comercio bilateral externos tienen características tan diferentes. Los gobiernos deben enfrentarse al mismo tiempo a manifestaciones contemporáneas como la urbanización rápida, degradación ambiental extrema, intranquilidad social y a veces directamente a guerras. Además, continúan su curso los procesos persistentes que generan heterogeneidad estructural y desigualdad social. Los acuerdos de comercio regional que promueven quienes defienden el desarrollo económico neoliberal son un imperativo para que continúe el crecimiento comercial y económico, y por eso muchas veces provocan escepticismo y resistencias.

Como en sus versiones tempranas, la regionalización en tanto proceso de desarrollo económico es un animal torpe si no toma en cuenta todas las prácticas económicas que vinculan entre sí a las regiones y a los países dentro de esas regiones. Por ejemplo, existen lucrativos flujos de drogas, armas y otros productos que contribuyen a las economías ilegales (como los metales valiosos pero también los animales en riesgo). También existe un flujo de servicios ilegales y una buena parte de ellos son servicios sexuales y otras formas de trabajo de cuidado o servicios de seguridad, todos ellos con fuertes marcas de género. Un análisis feminista del regionalismo cuyo marco de referencia integre el reconocimiento de estas diversas prácticas económicas que atraviesan los límites soberanos así como los de las regiones internas aporta perspectivas críticas al análisis dominante de los procesos contemporáneos de regionalización (Slatter and Underhill-Sem, 2009).

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Regionalismo en América Latina

Desigualdades en América Latina

Las sociedades latinoamericanas – más que las de otras regiones del mundo – se caracterizan por la prevalencia de desigualdades, incluyendo las de género, que se entrecruzan y combinan con otros procesos sistemáticos como la desigualdad étnica y racial, e intervienen de manera estructural en el funcionamiento de las economías y mercados laborales en cuanto al género.

Si bien las desigualdades sociales y de género no se explican solo por las estructuras económicas, el funcionamiento de las economías y los mercados laborales, estas estructuras y procesos están íntimamente conectados con la perpetuación de estas desigualdades. El alto grado de heterogeneidad entre empresas de diferentes tamaños y entre trabajadoras/es con diferentes niveles de capacitación incorpora desigualdades a la estructura de producción y la operatoria de los mercados. Como lo afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011), esta heterogeneidad es ‘un primer eslabón estructural en la cadena de desigualdades del mercado laboral’. Por su parte, las desigualdades de género se explotan para estabilizar el sistema económico, manteniendo y exacerbando la brecha entre productividad y salarios (Vásconez, 2011). La segmentación de los mercados laborales se relaciona estrechamente con la heterogeneidad estructural  y con la segregación de género por ocupaciones y sectores.

América Latina se caracteriza por dos rasgos históricos principales. En la región existe una brecha tecnológica y enormes diferencias productivas entre sectores, dentro de cada sector y entre empresas de un mismo país. La CEPAL llama a esto ‘heterogeneidad estructural’, haciendo referencia a las marcadas asimetrías entre segmentos de empresas y trabajadores/as, y la concentración del empleo en estratos de muy baja productividad relativa (CEPAL, 2010). El grado considerable de desigualdad social presente en la región refleja la fuerte concentración de la propiedad en una minoría y una heterogeneidad productiva claramente marcada.¹

Las desigualdades en el ingreso  que surgen de las diferencias salariales no se explican solo por diferencias en la productividad. La discriminación y la segregación también influyen sobre estas desigualdades (Amarante y Espino, 2002; Atal et al., 2009). Uno de los determinantes más importantes de la desigualdad de género tiene que ver con la división sexual entre trabajo no remunerado y remunerado, sobre todo en la economía vinculada con la reproducción/el cuidado. Las economías vinculadas con la reproducción tienen sus propias dinámicas económicas y contribuyen a las posibilidades que tienen las mujeres de aprovechar las distintas oportunidades económicas. En el mercado laboral, la desigualdad está condicionada por cómo se ingresa a este mercado, lo que depende en parte, de las formas prevalentes de organización de la reproducción social. La distribución sectorial de la fuerza laboral se debe en parte al tamaño de la demanda: la segregación de las actividades por género, las ocupaciones consideradas ‘femeninas’ y la demanda desigual de trabajo femenino en comparación con el masculino en el mercado laboral. Pero también depende de la oferta: las expectativas de las mujeres sobre su propia competencia en la situación comparada con la de los hombres, años de escolarización y tipo de educación recibido. Ambas se vinculan con las desigualdades de género como resultado de normas formales (p.ej. políticas de licencias por pater/maternidad, regulaciones sobre tiempo parcial), costumbres y prácticas discriminatorias basadas en estereotipos de género y diferencias de poder (p.ej. las mujeres a menudo tienen una participación más baja en instituciones políticas o asociaciones empresarias), además de con el sistema sexo/género dominante que organiza la reproducción y la producción.

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El contexto y los desafíos

En el largo plazo y para reducir las desigualdades, uno de los principales desafíos es rediseñar los modelos internacionales de integración. La región necesita dejar de apoyarse en la especialización en producción primaria y materias primas. Con esto logrará una menor vulnerabilidad económica a los choques externos y menos volatilidad para los agregados macroeconómicos internos – factores que afectan de forma negativa la capacidad de las economías para crecer, generar empleos productivos y de calidad, y generan desigualdad.

En cuando a las políticas de apertura comercial en algunos países, existe una actitud de cautela hacia la liberalización unilateral junto con nuevas iniciativas de integración regional en curso. Particularmente en América del Sur, después de la sucesión de crisis que golpearon a las economías emergentes a fines de la década de los noventa, la preocupación por crear capacidades endógenas y el nacionalismo fueron cobrando fuerza, más en algunos países que en otros (Bouzas, 2009).

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El estado actual de la integración: el Mercosur

El proceso de integración del Mercosur (Mercado Común del Sur, creado en 1991) – entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – tomó la forma de una unión aduanera. Aunque el proceso de establecer una zona de libre comercio está claramente avanzado, como lo demostró el crecimiento rápido de los flujos comerciales dentro de la región observados durante los años noventa², no todos sus objetivos se han alcanzado. La implementación de la unión aduanera del Mercosur ha sido muy defectuosa y las negociaciones con terceros (salvo en un sentido defensivo) no fueron eficaces y generaron disensos internos (Bouzas, 2009).

Las asimetrías entre socios, así como las estructurales y las que se originan en diferencias en las políticas públicas, pueden haberse convertido en obstáculos para que avance el Mercosur. Las más recientes han sido muy importantes para el proceso de integración porque generan efectos de derrame más allá de las fronteras, alterando las condiciones macroeconómicas o la asignación de recursos de sus socios (Terra y Durán Lima, 2010a/span>).

Por último, hubo un déficit de proporciones relacionado con la baja capacidad y eficacia del ‘liderazgo’. La sostenibilidad del proceso de integración regional exige un ejercicio del liderazgo basado en la confianza y el compromiso con el proyecto. Esto implica que uno o más de los socios deben asumir ciertos roles en la provisión de bienes públicos regionales y los costos relacionados con ellos (p.ej. pérdida de flexibilidad). Esto es necesario para que haya rédito a largo plazo, aun a costa de invertir recursos en lo inmediato (p.ej. reglas estables). Por eso, un compromiso con el liderazgo exige la existencia (e identificación) de una matriz de beneficios netos para justificar los costos y recursos necesarios para la efectividad. Un ejemplo claro de esto es la disciplina y estabilidad macroeconómicas para consolidar la credibilidad política (Bouzas, 2009).

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El progreso

Aun existiendo voluntad política, no se han alcanzado los resultados planeados en cuanto a políticas pensadas para compensar, limitar o armonizar lo que crea las asimetrías.

Una de las principales deficiencias del proceso de integración de América Latina y el Caribe fue la tendencia a ignorar los problemas que afectan las condiciones económicas y sociales en que viven las personas. Los desplazamientos a través de las fronteras se intensifican cuando se expande el comercio, con la consecuente creación y desaparición de actividades que afecta al mercado y las capacidades laborales particularmente en esas áreas de frontera. En algunos casos, estos efectos se ven exacerbados por asimetrías flagrantes en cuanto al tamaño y la fortaleza relativa de los países participantes.

Las dimensiones sociales no se han abordado en forma adecuada en los acuerdos de integración y la implementación de agendas sociales ha sido lenta o ha quedado explícitamente pospuesta. Si bien el acuerdo del Mercosur reconoció la importancia de esa agenda en un sentido amplio, su traducción e implementación en políticas es muy limitada (Di Filippo y Franco, 2000).

Los problemas específicos no se relacionan solo con cómo se entienden las dimensiones sociales de la integración sino también con cuestiones prácticas como el financiamiento. Si los acuerdos actuales todavía no produjeron instrumentos específicos, es dable preguntarse qué fuentes y niveles concretos de financiamiento fiscal serán necesarios para cubrir los costos de políticas compensatorias (p.ej. los fondos suplementarios).

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Potencialidades: diversificación productiva y competitividad

El comercio dentro del continente americano consiste en su mayoría en productos industriales (casi el 80 por ciento) pero muestra más diversificación en el mercado internacional: la región exporta a la Unión Europea, China y el resto de Asia sobre todo materias primas (55 por ciento) y manufacturas basadas en recursos naturales (25 por ciento) (RMIE, 2010).

El intercambio de productos industriales, que genera más empleos que el de bienes primarios, es el que tiene más impacto sobre el comercio regional, mientras que el basado en recursos naturales está sobre todo destinado a la exportación. Los primeros pueden amortiguar una caída en la demanda de los socios comerciales ubicados fuera de la región, como sucedió durante la crisis reciente. Además, los productos industriales tienen mayor valor agregado, aportan más estabilidad y en el largo plazo generan tasas de crecimiento más elevadas.

Con respecto a la relación entre comercio y empleo femenino, el patrón de comercio exterior recoge la influencia de los sesgos de género en el mercado laboral, así como del grado de especialización o diversificación de las estructuras productivas, y de las promesas de implementar políticas comerciales. Las políticas comerciales pueden realzar a sectores específicos dentro de los patrones tradicionales de exportación de cada economía, o generar cambios en la especialización y la diversificación productiva que estimulen la creación de empleos, sobre todo empleos de mejor calidad. Las políticas comerciales pueden condicionar tanto la innovación industrial y el acceso a los cambios técnicos, el desarrollo y la transferencia de conocimientos, como las calificaciones que se le exigirán a la fuerza laboral.

En términos generales, y a medida que se profundiza la integración, se hace necesario diseñar políticas sociales que avancen hacia la universalización de los sistemas de protección social para reducir las disparidades que surgen en el acceso a la capacitación y el empleo, sobre todo entre las mujeres que en su mayoría ocupan puestos laborales de menor calidad.

Resulta claro que las políticas sociales universales son costosas pero una autoridad supranacional puede ejecutarlas en base a principios acordados entre todos los países participantes. Otra alternativa es que los países cubran estas necesidades sociales utilizando sus propios presupuestos. En cualquiera de las dos situaciones, existen limitaciones financieras que exigirán una revisión de las prioridades territoriales en cuanto a los gastos y el diseño de programas públicos de educación, infraestructura y desarrollo sanitario, con las necesidades de integración en mente. En el contexto regional, la integración y la cooperación más amplias entre sectores complementarios no sólo contribuirán al potencial económico de la región sino que también reforzarán las metas generales de desarrollo humano, siempre que el incremento de la movilidad laboral se maneje de tal manera que se proteja a las/os migrantes y se respeten los derechos humanos, sobre todo los de las trabajadoras.

El análisis que proponen las economistas feministas acentúa la importancia de una economía política de los acuerdos de comercio y económicos que analice en detalle los impactos y consecuencias de género de las políticas comerciales. Y también que aporte un enfoque que subraye la necesidad fundamental de vincular las políticas comerciales, fiscales, monetarias, industriales y sociales con un análisis de las desigualdades globales para garantizar que estas políticas apoyen el logro de la igualdad de género y el desarrollo humano sostenible (Randriamaro, 2006).

Siempre habrá quien pierda y quien gane porque la integración económica nunca podrá beneficiar a todas las personas o lugares (Lawson, 2012: 255).  La distribución de utilidades potenciales no puede depender exclusivamente de las fuerzas de mercado que, como ya lo han demostrado, tienden a reforzar las inequidades en lugar de eliminarlas. Es necesaria la acción combinada de diferentes intereses: estados, diálogo social, mecanismos de negociación y consenso, y acciones políticas pensadas para mejorar la oportunidades compensando y modificando así los desequilibrios preexistentes.

Embarcarse en un proyecto que incremente la interconexión entre países exige que la integración esté en las agendas de políticas públicas y que las decisiones las tomen agentes locales. Es decir, exige la formulación de una estrategia económica, debatida en conjunto y encarada por todos los actores involucrados. Cuanto más cerrado sea el contexto, y mayor el número de problemas e intereses comunes, mayor será también la posibilidad de que la integración asuma políticas sociales correctivas y de incentivos (fondos para reentrenamiento laboral, préstamos, fuerza de competitividad) en las que el género es, sin duda alguna, una variable de enorme importancia.

Las diferentes fases de los procesos de integración exigen tener en cuenta el impacto sobre la equidad social y de género, adaptando regulaciones nacionales y proponiendo políticas complementarias. Esto es indispensable para mantener objetivos coherentes, preservando así la capacidad de alcanzar metas sociales y de desarrollo.

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Estrategias de género y Mercosur

Las organizaciones sociales y los grupos de mujeres han estudiado las características específicas del acuerdo del Mercosur en cuanto a sus objetivos explícitos y las estrategias económicas y políticas empleadas. Este acuerdo constituyó una alternativa a la integración internacional, reuniendo a socios con antecedentes e intereses similares. Los logros del acuerdo, en términos de permitir la participación social a través de grupos de trabajo tripartitos (estado, trabajadoras/es y empleadoras/es) y otras agencias son interesantes. Este aspecto tripartito permitió la participación de representantes de la sociedad civil en el Foro Económico y Social del Mercosur.

Las ONG de mujeres, las sindicalistas y las académicas promovieron el debate y la preparación de propuestas sobre género y aspectos de la integración regional desde los primeros tiempos del Mercosur.

El 22 de julio de 1998 el Grupo Mercado Común (GMC) decretó la creación de la Reunión Especializada de la Mujer (REM) para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de las comunidades locales en los estados miembros.³ La REM está formada por delegaciones de los gobiernos que, en sus inicios, pudieron ser asesoradas por organizaciones regionales. La creación de la REM constituyó un logro claro del movimiento de mujeres.

Los principales temas abordados por la REM son la violencia de género,⁴ empleo y ocupación⁵ y participación política. Recientemente se aprobó una propuesta para incorporar metas, acciones e indicadores sobre transversalización del género al Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) – MERCOSUR⁶.

La consolidación formal de un foro como la REM no asegura per se la transversalización de una perspectiva de género o que se tengan en cuenta los intereses y demandas de los movimientos sociales y de mujeres en todas las instituciones del Mercosur. Si bien estos cambios en realidad dependen de estructuras formales, también hay otros factores que influyen sobre ellos. La experiencia de crear la REM puso en evidencia la relativa debilidad de las organizaciones de mujeres en distintos países en cuando a su efecto real sobre las agendas políticas y sus recursos tanto humanos como financieros. La REM ha tenido que lidiar con la estatura limitada que tienen los temas sociales en este proceso y a la poca presencia de mujeres y sus temáticas tanto en la esfera sindical como en la política.

El funcionamiento concreto de la REM en el contexto del Mercosur se hace visible en la transversalización institucional de una agenda de género en los estados miembros y en la legitimidad que alcanza esta agenda en sus sociedades. En años anteriores quedó probado que hay espacio para la comprensión y la colaboración. El trabajo conjunto entre representantes de gobiernos, sindicalistas mujeres y feministas es posible a nivel regional y de cada estado.

Pero la REM, tanto en su organización como en su forma de operar, replicó los problemas del propio proceso de integración del Mercosur, así como las fortalezas y debilidades del movimiento de mujeres en la región y de los mecanismos gubernamentales para la equidad de género. Esto se debe a que los mecanismos que tienen las mujeres para influir políticamente son débiles, y también a las dificultades del Mercosur para consolidarse y funcionar, que tuvieron consecuencias sobre el trabajo de las organizaciones de mujeres a nivel regional.

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Regionalismo en el Pacífico

En el siglo XXI se habla mucho de la integración económica regional, de los bloques regionales de comercio, los acuerdos de libre comercio y cooperación regional en el área del Pacífico. Pero los principales debates son políticos porque la realidad económica es que el Pacífico cuenta con muy pocos bienes o servicios que puedan ser comercializados. En el Pacífico occidental, la riqueza minera y maderera constituye el grueso del PIB pero sólo una mínima parte de ella se canaliza a través de instituciones del gobierno para mejorar el bienestar general de la población, ni hablar de equilibrar el déficit en la balanza comercial. Aun con un acuerdo provisorio de comercio con la UE, Papúa Nueva Guinea (PNG) no logró aprovechar el acuerdo de normas de origen preferencial establecido en 2008. Solo un país, Fiyi,  cuenta con una base industrial más diversificada gracias a acuerdos de comercio preferenciales en las décadas de los ochenta y noventa. Pero después del golpe de estado de 2006, el gobierno inconstitucional que llegó al poder tuvo que  enfrentarse al vacío político que le hicieron los países vecinos y especialmente Australia y Nueva Zelanda (NZ), principales destinatarias de sus exportaciones. El hecho concreto es que hay muy poco comercio entre los países del Pacífico porque la mayor parte de sus actividades productivas giran en torno a la producción de alimentos que no se comercializan y las mujeres ocupan un lugar central en esto debido a su trabajo económico pero también a sus actividades vinculadas a la reproducción.

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El contexto y los desafíos: ayuda y comercio pero, ¿dónde están las mujeres?

De todas las regiones en desarrollo, el Pacífico es la que recibe la suma más elevada de ayuda per capita (más de US$ 200 en comparación con US$ 24 para el conjunto de países en desarrollo).⁷ En países plenamente independientes como Samoa y Tonga, las remesas que llegan de Australia y NZ constituyen el 25-30 por ciento del PIB. Para las economías que operan con el dólar de NZ,⁸ la ayuda exterior equivale a donaciones para el desarrollo regional. En el mismo sentido, para las economías que emplean el dólar de Estados Unidos,⁹ los lucrativos acuerdos de fideicomiso con Estados Unidos proporcionan una plataforma única pero no del todo sólida para el desarrollo económico. Y en las economías cuya moneda es el franco francés,¹⁰ las economías locales se ven distorsionadas por regímenes fiscales favorables y enormes subsidios que les aporta París. Otros países independientes como Tuvalu y Kiribati hicieron experimentos con Fondos de Fideicomiso; al segundo le está yendo mal, pero el primero estaba funcionando bien hasta la crisis económica global.

Los países del Pacífico también tienen acceso a ocho acuerdos regionales de comercio o económicos importantes (Cuadro 1.) De los 23 países del Pacífico, la mayoría firmó el acuerdo de comercio preferencial y no recíproco Acuerdo Comercial y Económico del Pacífico Sur (SPARTECA, en inglés) que pronto dejará de tener efecto y que les otorga un acceso libre de impuestos y cuotas a los mercados australianos y neocelandeses. Será reemplazado por otros acuerdos regionales de integración como el Acuerdo Comercial entre Países Isleños del Pacífico (PICTA, que excluye a Australia y NZ); el Acuerdo del Pacífico sobre Relaciones Económicas más Estrechas (PACER, un acuerdo de desarrollo más amplio que sí incluye a Australia y NZ); y los Acuerdos de Asociación Económica con Europa (EPA). Todos estos acuerdos tienen como meta la reducción de tarifas y la integración económica regional compatible con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Dado el enorme desequilibrio comercial entre los países del Pacífico y NZ por el que, en muchos casos, las exportaciones son ínfimas, lo mejor que podría esperarse es que se libere el comercio de servicios, sobre todo turismo, educación y trabajo. Este es el objetivo del PACER Plus, uno de los acuerdos comerciales que se están discutiendo en este momento.

Cuadro 1 – Membresía en acuerdos regionales o de comercio, 2010.

País/Territorio	Acuerdo comercial o económico
	ANZCER	COFA	EPA	MSGTA	PACER	PICTA	SPARTECA	WTO
Fiyi			X	X	X	X	X	X
Nueva Caledonia				X
Papúa Nueva Guinea			X	X	X	X	X	X
Islas Salomón				X	X	X	X	X
Vanuatu				X		X	X
FSM		X				X	X
Guam
Kiribati					X	X	X
Islas Marshall		X					X
Nauru					X	X	X
Marianas Septentrion.		X
Palau		X					X
Samoa (Estados Unidos)
Islas Cook					X	X	X
Polinesa francesa
Niue					X	X	X
Samoa (independiente)					X	X	X
Tokelau
Tonga					X	X	X	X
Tuvalu						X	X
Wallis y Futuna
Australia	X				X		X	X
Nueva Zelanda	X				X		X	X

Fuente: Pacific Institute of Public Policy (2010)

Abreviaturas: ANZER – Relación Económica más Estrecha entre Australia y Nueva Zelanda; COFA – Compacto de Libre Asociación; MSGTA – MSG: Acuerdo de Comercio

Aunque al comienzo los beneficios que aportarían los bloques regionales de comercio se presentaron de formas que encontraban cierto eco en la literatura económica (Asafu-Adjaye and Mahadevan, 2009), en la región del Pacífico la heterogeneidad política, cultural y geográfica implicó una conexión estrecha entre la integración comercial y el regionalismo político. Este último cobró aun mayor importancia porque cada país, de por sí y como integrante de los distintos grupos regionales, piensa la vida más allá de los acuerdos de comercio preferenciales. Con toda justicia se han planteado preocupaciones por el hecho de que estas conversaciones tengan lugar bajo la mirada vigilante de las ‘Grandes Hermanas’ Australia y NZ que, para muchos países, ‘se comportan mal’ (Kelsey, 2004). Si bien resulta válido el interés demostrado por Australia y NZ en el desarrollo económico de los países del Pacífico, por más que se hable nada logrará cambiar el desequilibrio comercial en los próximos 25 años, y tal vez eso nunca se logre. La seguridad alimentaria y el acceso a los mercados laborales de Australia y NZ son logros posibles gracias a la disponibilidad de tierras fértiles y la abundancia de recursos marinos cercanos a la costa. También son fundamentales dada la explosión juvenil de la región (Bedford). Sin embargo, la ayuda todavía no prioriza áreas como mejorar la producción agrícola para consumo local, la buena gestión de los recursos hídricos y la comercialización eficaz y segura de alimentos y productos frescos en los mercados locales. Las mujeres son actores fundamentales en estas actividades, y por lo tanto poner el acento en esto sectores equivaldría a hacerlo en las mujeres.

Pero las metas del regionalismo en el Pacífico son, sobre todo, políticas. No sólo existe un marcado desequilibrio de género en los procesos políticos en la región sino que también se ignoran las diversas actividades económicas de las mujeres. Aunque existe un análisis que muestra cómo una política de liberalización comercial podría ser positiva en cuanto a indicadores macroeconómicos como el producto real, el bienestar y las exportaciones nacionales, también reconoce sus efectos adversos (Asafu-Adjaye and Mahadevan, 2009). Sin embargo, este análisis se basa en el supuesto de la ‘competencia perfecta’ y dado lo imperfecto de la competencia en el comercio global, esta es una reserva importante que formularle al argumento. En el sector agrícola, los países del Pacífico cuentan con una creciente ventaja natural pero para exportar deben enfrentarse a barreras comerciales antinaturales. Poner la seguridad alimentaria por encima de la exportación de productos agroindustriales como el aceite de palma significaría un giro político importante para muchos países que se comprometieron, como región, a firmar acuerdos de comercio compatibles con las disposiciones de la OMC. Pero las tensiones van en aumento y es posible encontrar alternativas a los modelos dominantes de integración económica regional.

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¿Adónde ir después de 2012?

Las negociaciones en torno a acuerdos comerciales importantes en el Pacífico están estancadas mientras continúan los debates políticos regionales sobre todo acerca de Fiyi, donde hay elecciones democráticas programadas para 2014. Lo más importante es que en los últimos años se han tornado más evidentes los grupos subregionales luego de que surgieran diferencias culturales de larga data, sobre todo en relación a cómo Fiyi negociaba su futuro democrático. El surgimiento de grupos subregionales resalta con gran nitidez el fracaso de las organizaciones regionales, sobre todo del Secretariado del Foro Islas del Pacífico, para sostener mandatos previos de cooperación regional. Al momento, son tres los grupos subregionales que surgieron: the Melanesian Spearhead Group (MSG, Grupo Punta de Lanza de Melanesia)¹¹ creado en 2008 en el Pacífico occidental, the Council of Micronesian Chief Executives Summit (Cumbre de Autoridades de Micronesia) ¹² creado en 2003 en el Pacífico septentrional, y el recién formado Polynesian Leaders Group (Grupo de Líderes de Polinesia), que se formalizará en 2012. NZ y Australia fueron excluidas de estos grupos, aunque en 2012 NZ se incorporó a un grupo subregional llamado Te Vaka Moana¹³, que reúne a las naciones pesqueras del Pacífico austral.

Mientras tanto, grandes acuerdos comerciales como la Trans Pacific Partnership¹⁴ (Asociación Transpacífica) envían señales preocupantes en cuanto que los acuerdos de comercio se están disputando entre poderes desiguales en el Pacífico. Esto no luce bien para los países de la región que están negociando entre sí o con Australia, NZ y la UE. En 2007, PNG y Fiyi firmaron un Acuerdo (provisorio) de Asociación Económica recíproca y ajustado a la OMC, que incluyó una derogación especial de la norma de origen para el pescado procesado. Un análisis reciente de los impactos de esta derogación revela que ‘sus efectos en materia de desarrollo económico para PNG desde 2008 han sido mínimos’ (Hamilton, et al., 2011: 1). El informe correspondiente sostiene que en el mediano plazo cabe la posibilidad de que se produzcan algunos impactos porque está planificada la construcción de cinco nuevas plantas procesadoras. Se espera que los principales impactos surjan del empleo de mujeres jóvenes, unas ’50 000 en empleos directos e indirectos’ (Hamilton, Lewis and Campling, 2011: 2) debido a la experiencia mundial en el sector de envasado de atún según la cual ‘se prefiere emplear a mujeres porque su eficiencia comparativa es más elevada’.¹⁵ Esto resulta preocupante dadas las claras evidencias de condiciones laborales de explotación para las mujeres en el sector de la industria pesquera  en el Pacífico.¹⁶

Mientras tanto, continúan las prácticas de comercio bilaterales. Además de la permanente venta de minerales y madera entre PNG y las Islas Salomón, las economías más pequeñas continúan vendiendo permisos de pesca que para algunos países han resultado lucrativas (se estima que a Micronesia le reportaron entre US$ 12 y US$ 22 millones desde 1985 (Hetzel, 2012), ofrecen servicios de banca extraterritorial y cada vez más se apoyan en el turismo. La pesca y el aceite de palma de PNG son los productos más interesantes para la UE.

Pero los temas principales de las negociaciones comerciales en la región son la movilidad laboral y su  consecuencia, el flujo continuo de remesas. Los países de la región que cuentan con acceso preferencial a los mercados laborales de NZ y Australia tienen ingresos per capita más elevados, se apoyan menos en las remesas como parte de su PIB y en la ayuda de donantes. Los países del Pacífico están adquiriendo más confianza para negociar su acceso a los mercados laborales y este es un logro importante. Pero todavía resulta necesario entender mejor los elementos de género de la movilidad laboral. El flujo de enfermeras y cuidadoras que se dirige a otros países del Pacífico así como  a Australia y NZ tiene consecuencias para las familias que quedan detrás, como bien se lo ha documentado ya en otras regiones. El flujo de trabajadores de temporada, soldados y guardias de seguridad por períodos breves también requiere adaptaciones en la vida familiar, de la aldea y la comunidad.

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Conclusiones

Los análisis  y el trabajo empírico de las feministas sobre género y macroeconomía revelan los diferentes impactos de género del comercio o las inversiones extranjeras sobre diversas áreas, como el trabajo no remunerado, el remunerado y otras dimensiones de la vida humana. En particular, la apertura comercial, la expansión de las industrias para la exportación, las maquilas, las zonas de libre comercio y otros vínculos entre países, regiones y empresas tienen impactos negativos para el empleo femenino en cuanto a su calidad. Además, en todos los países persisten las diferencias entre los salarios de los hombres y los de las mujeres. Ellas también tienen menos acceso a recursos productivos, tiempo y – sobre todo en muchos países en desarrollo – educación. Las mujeres profesionales continúan siendo discriminadas en la contratación y las promociones. Sin embargo, los nuevos empleos podrían hacer que las mujeres controlen más recursos en el hogar y tener como resultado mayores inversiones en la salud y la educación de las generaciones futuras. Las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres hacen que puedan beneficiarse menos de las iniciativas económicas.

Para entender y saber más acerca de las dimensiones de género que incluyen los procesos de integración económica regional y tener una mayor capacidad de incidencia política, necesitamos un marco de referencia conceptual dinámico, incluyente y que contenga escalas múltiples. Este marco debe centrarse en las relaciones de poder que operan en distintas escalas y la agencia con la que distintos actores facilitan o impiden la integración a los mercados mundiales y las redes de producción transaccionales. Este foco permitiría explicar mejor por qué la (des)integración del mercado puede llevar a resultados altamente desiguales en términos de desarrollo a escala global y local entre países, regiones y personas. También nos permitiría no solo analizar las consecuencias de género de la expansión geográfica de los capitalismos globales sino además elaborar propuestas para esquemas de integración económica que sean más abarcadores, con conciencia de género y orientados al desarrollo humano.

 

Notas

¹ Una mayor heterogeneidad estructural hace que se extiendan las desigualdades, y esto puede verse en los valores que registra el índice Gini. Los países con heterogeneidad estructural moderada registran los valores más bajos (49,7); esta cifra sube cuando la heterogeneidad estructural es intermedia (52,2) y llega a 53,3 en países con heterogeneidad estructural severa. Esta clasificación – heterogeneidad estructural moderada, intermedia y severa – se hizo sobre la base de distintos indicadores de desempeño económico, empleo y heterogeneidad estructural: PIB per capita, PIB por trabajador/a, tasa de empleo/población, composición del PIB, empleo y productividad por estrato productivo (CEPAL, 2011).

² En el momento más intenso de vinculación regional (1997 y 1998), el total de exportaciones del Mercosur  apenas superó el 20 por ciento.

³ En la XXVI reunión del Mercosur que congregó a las autoridades de género a nivel internacional se cambió el nombre de Reunión Especial por el de ‘Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer’, como quedó registrado en la Resolución No. 24/02/11 del Consejo Mercado Común (CMC), que le otorga un lugar visible a las autoridades de género de los países anfitriones.

⁴ En diciembre de 2010, la REM comenzó a elaborar una encuesta regional para formular indicadores comparables sobre violencia de género. Estos indicadores deberían surgir de los servicios públicos que brindan los mecanismos de la mujer, el sistema judicial, la policía o el sistema de salud de cada país.

⁵ Se creó una Mesa Técnica de Género, Trabajo e Integración Económica y se está elaborando un plan para avanzar en esta área.

⁶ El Plan contiene líneas, directrices y prioridades para la acción coordinada de los estados partes en materia de política social. Se lo considera un instrumento capaz de articular y desarrollar acciones específicas para fortalecer la dimensión social del Mercosur. Los temas más importantes son salud universal, educación, garantías de acceso al trabajo decente y derechos vinculados al bienestar, pero también pone énfasis en la necesidad de promover políticas distributivas y garantizar la implementación eficaz de los derechos humanos en la región, valorando la diversidad cultural.

⁷ http://www.oecd.org/dataoecd/59/5/42139479.pdf.

⁸ Islas Cook, Nuie y Tokelau.

⁹ Palau, FSM, Islas Marshall, Guam, Marianas Septentrionales y Samoa (Estados Unidos).

¹⁰ Polinesia francesa, Nueva Caledonia y Wallis y Futuna.

¹¹ http://www.msgsec.info/.

¹² http://www.wia.gov.mp/mces.php.

¹³ http://www.tevakamoana.org/.

¹⁴ http://tppdigest.org.

¹⁵ http://capecffa.org/IMG/pdf/Oceanic_Devt_2010_EU_Preferential_RoO_for_Fish_%28PACP_
RoO_section%29.pdf: 119.

¹⁶ Tuara Demke (2006, http://www.ffa.int/system/files/%252Fhome/ffaadmin/%252Ffiles/ffa/Gender%20issues%20in%
20P.%20I.%20Tuna%20Industries%201.pdf). También Slatter, Amberson-Bain, etc.

 

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