Barreras para la equidad de género en la arquitectura financiera internacional

En estos últimos años, mientras la economía mundial sufría una crisis financiera y económica de grandes proporciones, los dispositivos y supuestos dominantes del paradigma financiero y económico también entraron en una profunda crisis. Este modelo se ha basado en buena medida en la idea de que el comercio, la inversión y la liberalización financiera, las políticas macroeconómicas deflacionarias, la privatización, la flexibilidad del mercado laboral y una producción destinada sobre todo a las exportaciones – entre otros objetivos – son los términos óptimos bajo los cuales los estados-nación deberían insertarse en la economía global.

Sin embargo, en toda la historia económica moderna, estos objetivos han desatado una y otra vez crisis financieras y económicas de “auge y decadencia” que causan estragos en las economías y las sociedades, y muchas veces producen daños en el largo plazo a través de sus diversos impactos negativos sobre el desarrollo social y humano. La crisis reciente, que comenzó en 2008, revela de qué maneras una crisis nacida en los países desarrollados impacta también a los países en desarrollo, aun cuando ellos no han desempeñado rol alguno en su gestación.

Estos impactos – que incluyen la volatilidad excesiva en los precios de las materias primas y los alimentos, una reducción de la demanda mundial para las exportaciones, problemas en la balanza de pagos, flujos de capitales inestables, oscilaciones en el cambio y una disminución considerable de los créditos – muestran cómo la arquitectura financiera internacional está estructurada en base a términos que son tanto injustos como disfuncionales para el objetivo más amplio del desarrollo.

Si bien la arquitectura internacional económica y financiera contiene una multiplicidad de áreas temáticas que se entrecruzan para impedir la realización de los objetivos para el desarrollo, en este artículo nos concentraremos específicamente en dos de ellas. La primera es el marco contradictorio para la política macroeconómica; y la segunda, la liberalización financiera y la volatilidad de los flujos de capitales y los problemas que generan. Estas áreas sistémicas de la arquitectura financiera mundial imponen barreras fundamentales no sólo para el desarrollo económico y social sino también para la realización de los derechos humanos y de las mujeres, la equidad en el ingreso, el acceso, las opciones y el género, así como los derechos económicos y sociales.

Un enfoque de equidad de género exige un enfoque transformador en el que las políticas sociales con equidad de género desempeñan un rol central en los cimientos de la arquitectura financiera y económica internacional. Un enfoque transformador implica ir más allá de incorporar políticas sociales para obtener resultados de igualdad de género sin modificar el acento puesto en los criterios basados en el mercado, la estabilidad de los precios y la privatización. Por el contrario, implica un enfoque de desarrollo humano en el nivel macroeconómico, en el que las metas de justicia social constituyen los contenidos fundamentales para el diseño de políticas económicas y financieras, y en el que las políticas se evalúan de acuerdo a si logran o no acercar a las sociedades a la justicia social. Como lo afirman Elson and Cagatay (2000), ‘los resultados sociales deseados como la justicia distributiva, la equidad, la satisfacción de necesidades para todas las personas, el fin de la pobreza y la discriminación, la inclusión social y el desarrollo de las capacidades humanas se convierten en las metas últimas del diseño de políticas, incluidas las macroeconómicas’.

Como señalan Çagatay and Ertürk (2004) , aunque los sesgos de género en la vida económica no tienen su origen en las políticas asociadas a la globalización financiera, en su mayoría estas tienden a amplificar los sesgos con su ofensiva ideológica para minimizar el rol del estado y de la prestación de servicios sociales, acentuando el rol de los mercados y las empresas privadas en la economía basada en materias primas.

Un discurso feminista sobre el capitalismo global cuestiona la rigidez de los límites que separan a las actividades productivas de las vinculadas a la reproducción. Las perspectivas feministas interpelan particularmente al supuesto por el cual las actividades productivas en la esfera global y local basada en el capital son ‘económicas’ mientras que las actividades vinculadas a la reproducción – como el cuidado de la ciudadanía en su infancia y su ancianidad – son fragmentadas, marginadas, intrascendentes y, en gran medida, ‘no económicas’ (Bergeron, 2001). También se cuestiona la línea divisoria que suele trazarse entre lo global y lo local.
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El paradigma macroeconómico del fondo monetario internacional (FMI)

En un esfuerzo por responder a la crisis financiera global, el G20 que agrupa a las mayores economías del mundo fortaleció de manera impresionante el rol de FMI en los países en desarrollo, incluyendo a los de ingresos bajos, triplicando su base de recursos que pasó de US$ 250 mil millones a US$ 750 mil millones en 2009 (G20, 2010). Recientemente – en mayo de 2012 – los estados miembros del G20 volvieron a comprometerse a aportar US$ 400 mil millones al FMI. En 2014, la capacidad del FMI para otorgar préstamos a países de ingresos bajos será diez veces mayor de lo que era antes de la crisis.

Pese a las promesas del FMI de abordar la crisis de maneras flexibles e innovadoras, el principal objetivo de sus préstamos en situaciones de crisis – priorizar la ‘estabilidad macroeconómica ajustando las políticas monetarias y fiscales’ – quedó expuesto en un gran número de estudios académicos e institucionales.

Desde que comenzaron a otorgarse préstamos para rescate en el contexto de la crisis financiera en 2008, la asistencia financiera del FMI ha estado atada a condiciones fiscales y monetarias como las siguientes:

• reducción de los déficit fiscales y los niveles de inflación;
• ayudar a amortiguar la caída de las reservas internacionales (que llegó a niveles deprimentes por el impacto de la crisis comercial en esta crisis financiera);
• reducir o limitar el gasto público (congelando salarios y jubilaciones en el sector público, recortando los salarios mínimos; eliminando subsidios al combustible, el gas y la electricidad; subiendo las tarifas de servicios e implementando reformas impositivas);
• incrementar las tasas de interés oficiales o restringir el crecimiento del dinero en circulación;
• impedir la depreciación de la moneda; y
• aportar liquidez al sector financiero cuando sea necesario.

En lugar de incrementar el gasto estatal y estimular la demanda, el empleo y la actividad económica locales para superar la recesión, el FMI recortó gastos e incrementó tarifas e impuestos en economías que ya estaban en contracción, con el propósito expreso de mantener bajas la inflación y las tasas de déficit fiscal, flexibilizar las tasas de cambio y liberalizar el comercio y el sector financiero. La carga de estas políticas – que estaban destinadas sobre todo a preservar la confianza de los inversores situados en distintos mercados financieros – cayó de lleno sobre las/os contribuyentes y consumidoras/es de cada país, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables que incluyen a las mujeres y a los trabajadores de bajos ingresos en el sector informal.

La lógica retorcida de la austeridad se centra en restaurar la confianza de los mercados financieros, a los que considera fundamentales para la recuperación económica, pese a que la idea de que la crisis fue generada por las malas prácticas del mercado financiero y de las agencias calificadoras de crédito goza de reconocimiento universal.

Resulta verdaderamente sorprendente que quienes diseñan políticas vuelvan a confiar en las mismas instituciones y mercados financieros cuya conducta irresponsable tuvo costos tan altos para la ciudadanía, los presupuestos gubernamentales y las perspectivas de desarrollo. Apaciguar a estas mismas instituciones y seguir sus indicaciones para decidir sobre política macroeconómica y finanzas públicas muestra lo poco que aprendieron de la crisis (Seguino, 2011).

La OCDE (2011) publicó un informe sobre la desigualdad global titulado ‘Seguimos divididos: ¿Por qué la desigualdad sigue aumentando?’ que muestra cómo en muchos países desarrollados y en desarrollo se incrementó y profundizó la desigualdad en los ingresos, y cómo esta tendencia fue generada por políticas de flexibilidad laboral, privatización, austeridad fiscal y sus resultados: falta de acceso a la educación, la salud y otros derechos sociales y ligados al desarrollo humano.

Los líderes actuales del FMI también reconocieron que un exceso en la austeridad pone en riesgo los empleos y el crecimiento, y en su informe ante el G20 el personal del Fondo sugirió que los países desarrollados ‘tengan espacio para lentificar su ritmo actual de consolidación, si esto se compensa con un compromiso de implementar ajustes adicionales en el futuro’(IMF, 2011a).
Sin embargo, a los países en desarrollo no se les otorga la misma flexibilidad. Las instituciones internacionales exigieron, y apoyaron, políticas contra-cíclicas en los países desarrollados al mismo tiempo que continuaban imponiendo condiciones pro-cíclicas en los préstamos de rescate financiero para países en desarrollo. En el largo plazo, el deterioro en salud, nutrición y educación tendrá impactos negativos sobre el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y los niveles de productividad, que las medidas de ajuste dicen apoyar.

Un informe de UNICEF (2011) sobre la vigilancia y la asesoría política del FMI en 128 países en desarrollo muestra que el alcance de la austeridad macroeconómica está muy extendido. En 2010, 70 países en desarrollo redujeron su gasto total, en promedio, casi en un 3 por ciento de su PIB y 91 países en desarrollo harán lo propio en 2012. Las siguientes medidas de ajuste, recomendadas por el FMI con el fin de reducir los déficit presupuestarios y los niveles de inflación, muestran cómo se está restringiendo el espacio político para las estrategias de desarrollo y recuperación, pese a los impactos recesivos de la crisis: (i) recortes o topes a los costos salariales; (ii) eliminación gradual o de plano de los subsidios, sobre todo al combustible pero también a la electricidad y a productos alimenticios (en 56 países); (iii) reducción de los programas de protección social (en 34 países); (iv) reformas previsionales (en 28 países); e (v) incrementos en los impuestos al consumo de bienes esenciales (p.ej. impuestos al valor agregado) que tienden a consumir las personas pobres (en 53 países).

Es necesario que quienes diseñan políticas reconozcan que la historia aporta evidencias acerca de cómo las medidas de austeridad no son eficaces para estimular la recuperación económica después de recesiones y crisis financieras. Algunas de las opciones políticas válidas que podrían preparar el camino para fortalecer las estrategias de desarrollo nacional son las políticas macroeconómicas expansivas, las reasignaciones presupuestarias a los sectores sociales, la reestructuración de la deuda, gravámenes impositivos a los ingresos altos y al sector privado (incluyendo el impuesto a las transacciones financieras), transferencias de efectivo, transferencias Norte-Sur y Sur-Sur, perseguir los flujos financieros ilícitos y utilizar las reservas en moneda extranjera.

Un marco macroeconómico alternativo con espacio para políticas como las mencionadas integrará la idea de que la política fiscal desempeña un rol central para impulsar el proceso de desarrollo y por ende tiene que incluir políticas de inversión pública y que pongan acento en el empleo. Pero el FMI sólo evalúa las políticas fiscales en términos de los costos que implica financiar el déficit fiscal, sin calcular lo que cuesta el crecimiento y la reducción de la pobreza que no se alcanzarán si no se permite ampliar el déficit. El FMI tampoco evalúa de manera dinámica la posición presupuestaria de los países de ingresos bajos basándose en su potencial para movilizar recursos adicionales a nivel nacional, o para crearse un mayor espacio fiscal a través de iniciativas para el alivio de la deuda o de la asistencia mediante donaciones adicionales.
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Hacia políticas fiscales y monetarias orientadas a la equidad y el desarrollo

Si bien el Fondo recomendó e incluyó el gasto en redes de protección social en la mayoría de sus programas de préstamos, la presencia de sistemas de protección social no debería convertirse apenas en un esfuerzo por compensar los trastornos socioeconómicos que genera un marco de referencia para las políticas macroeconómicas que es pro-cíclico y deflacionario. Por el contrario, los sistemas de protección social deberían ser complementarios de un marco de referencia socioeconómico que priorice la inversión en el desarrollo social y humano, aun a costa de tasas de inflación y niveles de déficit más altos, hasta que la estructura social del país haya desarrollado un nivel saludable de capacidad y recursos (UNCTAD, 2010).

El enfoque fundamental de las políticas del FMI debe cambiar para que los países en desarrollo puedan seguir un camino hacia el desarrollo nacional que dé resultado. A continuación, se proponen algunos de estos cambios:

• El FMI debería no solo permitir sino también apoyar el uso activo de la política fiscal para apoyar inversiones y gastos públicos para desarrollar infraestructuras económicas y sociales esenciales que inevitablemente la inversión privada también utiliza (Balakrishnan et al., 2011). La renta futura estimada para estas inversiones debería servir para cancelar la deuda en la que inicialmente incurrió el gobierno;
• El FMI debería alentar una mayor diversidad en opciones monetarias para permitirle a las empresas y consumidoras/es nacionales un mejor acceso a créditos asequibles para expandir la producción, el empleo y hacer un mayor aporte a la base impositiva del país.
• El FMI debería apoyar la gestión de la tasa de cambio en los países en desarrollo a los que les otorga préstamos para alentar una competitividad de amplia base para las exportaciones, que a su vez lleve a una mayor diversificación estructural de la economía nacional (Reinert, 2007); y
• El FMI debería apoyar en forma activa la regulación de la cuenta de capital para confrontar la naturaleza con frecuencia volátil de las entradas y salidas de capital, evitando así la volatilidad de la tasa de cambio y la fuga de capitales.
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Liberalización financiera y controles de capitales

En el contexto de la lenta recuperación de los países desarrollados y el alivio cuantitativo de la Reserva Federal por el que se creó una liquidez de cientos de miles de millones, inversores de todo el mundo se precipitaron sobre los países en desarrollo y, en particular, las economías de mercado emergentes como Brasil, Corea del Sur, Taiwán e Indonesia. Pero para fines de 2011 y en 2012, el capital ya había huido de estos países emergentes, demostrando una vez más la volatilidad y peligrosidad de estos flujos (Ocampo, 2011). Mientras la afluencia de capital está acompañada por presiones desestabilizadoras como la valorización de la moneda y las burbujas en los precios de los bienes, su salida genera depreciación de la moneda, problemas en la balanza de pagos y la devolución de préstamos. Esto puede llevar a un contagio financiero global como se vio en la crisis financiera asiática de 1997-1998.

Los controles de capitales pueden constituir un método importante para que los países en desarrollo se protejan de una nueva crisis financiera, a la vez que reducen los desequilibrios globales. El espacio para las políticas nacionales se fortalece cuando los estados tienen una cierta capacidad de verificación y comprobación frente a los caprichos volátiles del capital global desregulado.

Los controles efectivos pueden amortiguar el efecto de los golpes externos sobre las economías, liberar capital para inversiones productivas en la economía real, y subsidiar el costo de la acumulación de divisa extranjera. Si se los aplica como impuestos para los capitales entrantes, los controles de capitales pueden aportar un subsidio que compense el costo de la acumulación de reservas. Un impuesto a la compra de bonos, acciones y derivados financieros por parte de extranjeros reduciría la cantidad de reservas que necesitarán los mercados emergentes y haría que los costos de la acumulación de reservas se financien con los mismos flujos de capital que los generan.

Si bien el G20 no avanzó en la mayoría de las áreas, su grupo de trabajo sobre flujos de capital, liderado por Alemania y Brasil, elaboró un informe que se titula ‘Conclusiones coherentes del G20 para la administración de flujos de capital con base en las experiencias de los países’, que llega a la conclusión de que ‘no existen enfoques “de talla única” o definiciones rígidas sobre las condiciones para el uso de medidas destinadas a gestionar el flujo de capitales’ y – contradiciendo el veredicto del FMI según el cual los controles deberían ser una medida temporaria, un último recurso – el informe del G20 afirmó que estas medidas no deberían verse sólo como un último recurso (G20, 2011). En la Cumbre de Cannes (noviembre de 2011) el ex presidente francés Sarkozy también dijo que ‘ahora resulta aceptable el uso de controles de capital como medida estabilizadora, y esto es muy importante’.1 Sin embargo, cabe señalar que el G20 tampoco apoya de manera inequívoca el control de capitales.

Por el contrario, el FMI sostiene que los controles de capital sólo se deberían utilizar una vez que se hayan implementado medidas como la generación de reservas, permitir la valoración de la moneda e introducir recortes en los presupuestos (IMF, 2011b). Los esfuerzos del FMI para extender su mandato a lo político y armonizar las regulaciones son inapropiados, porque los países en diversos estadios de su desarrollo necesitan de espacio para políticas nacionales que les permitan diseñar medidas que se adapten a sus circunstancias específicas, garantizar el apoyo para los sistemas financieros y la economía real del país. El FMI y el Directorio para la Estabilidad Financiera junto con otros organismos, deberían intentar reducir el estigma que pesa sobre las regulaciones de la cuenta de capital y proteger la capacidad de los países para implementarlas.
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Un análisis de género de las políticas macroeconómicas y financieras en la arquitectura global

La preocupación excluyente de la arquitectura financiera internacional con la economía financiera y de materias primas monetizada ignora sus numerosos impactos negativos sobre las mujeres y las niñas, e incorpora sesgos básicos de género.

Como las recesiones económicas vienen acompañadas por pérdidas de empleos en sociedades en las que a los hombres se los considera ‘proveedores’, muchas veces las mujeres son las que sufren tasas de despido más elevadas. Esto se acentúa por la concentración de las mujeres en empleos precarios –temporarios, de medio tiempo, contingentes o subcontratados – donde es más probable que haya mayores declinaciones y fluctuaciones en los ingresos, sobre todo en los países en desarrollo.

En la mayoría de los países en desarrollo, cuando fallan todas las otras formas de protección social –como suele suceder – el último recurso son los hogares y las mujeres. Frente a la pérdida de empleos y las reducciones en los empleos y servicios públicos, son las mujeres las que amortiguan los efectos nefastos de la crisis económica sobre las familias trabajando más, tanto dentro como fuera de sus hogares.

Por ejemplo, después de la crisis financiera de 1997-1998 en Asia, tanto en Indonesia como en Filipinas se incrementó la cantidad de trabajo que hacían las mujeres, sobre todo por su rol de “último recurso”. Encuestas nacionales realizadas luego de la crisis financiera asiática muestran que las estrategias de los hogares para hacerle frente implicaron incrementos significativos de la participación de mujeres casadas y madres de familia de edades más avanzadas en el mercado laboral, así como una mayor producción de bienes para consumo en el hogar.

Los recortes en programas sociales tienen un efecto directo y negativo sobre las mujeres y las niñas, en buena medida debido a los sesgos de género en el hogar. Es más probable que en un período de angustia económica la familia retire a la niña – y no al niño – de la escuela para que cuide de sus hermanas/os menores o de otras/os integrantes de la familia mientras su madre busca trabajo remunerado. Aun si los ingresos de la familia vuelven a su nivel anterior una vez que la economía se recupera, las pérdidas educativas no se remedian fácilmente y se traducen en desigualdades de género y pérdidas en desarrollo y capacidades humanas permanentes.

Cuando los recortes presupuestarios hacen que se contraiga el sector público, las oportunidades de empleo de las mujeres resultan más dañadas que las de los hombres, porque con frecuencia es el sector público el que abre sus puertas al empleo de las mujeres, ofreciéndoles condiciones de trabajo más seguras que las de la economía informal. Los programas de privatización arruinan las perspectivas de empleo de las mujeres en mayor proporción que las de los hombres, y existen estudios que muestran cómo en África y en América Latina las privatizaciones resultaron más perjudiciales para las perspectivas de empleo de las mujeres (Walby, 2009).

La economía feminista también cuestiona la exclusión de la economía no remunerada en el diseño de políticas macroeconómicas. La economía no remunerada es aquella en la que la gente produce bienes y servicios para sus familias, amigas/os y vecinas/os por obligaciones sociales, altruismo y reciprocidad. Jain and Elson (2011) afirman que las dos razones principales por las que se debería incluir la economía no remunerada en las políticas macroeconómicas son su importancia fundamental para la reproducción social y el bienestar humano, y el hecho de que ella afecta las operaciones, la cantidad y la calidad de la economía remunerada. La naturaleza de la economía no remunerada – que forma el núcleo del marco social en el que están insertos el estado y el mercado – determina cómo serán el trabajo que aporta a la producción en la economía remunerada, y los bienes que exige la producción.
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Tres sesgos de género en el paradigma macroeconómico y financiero internacional

Elson and Cagatay (2000) y Elson (2002) identifican tres sesgos de género importantes en una arquitectura financiera internacional liberalizada y financiarizada, que operan en contra de las metas de equidad de género y derechos de las mujeres. Estos tres sesgos, que constituyen un discurso significativo para la economía feminista, son el ‘sesgo deflacionario’, el ‘sesgo del proveedor masculino’ y el ‘sesgo de la mercantilización o la privatización’.

El sesgo deflacionario es evidente en las políticas macroeconómicas que apuntan a altas tasas de interés, políticas monetarias ajustadas y control fiscal. En este contexto de liberalización financiera, las tasas de inversión y crecimiento tienden a ser volátiles porque la clase de políticas macroeconómicas que requieren los gobiernos para poder atraer y retener la afluencia de capitales e inversiones extranjeras resulta en una tendencia deflacionaria en la política macroeconómica. Evitar el sesgo deflacionario es necesario pero no suficiente para que las políticas sean equitativas desde el punto de vista del género.

El sesgo del proveedor masculino es el supuesto de que la esfera de la reproducción social, que no forma parte del mercado, está representada por economía de mercado basada en la producción de materias primas a través de los salarios que se les pagan a los proveedores masculinos destinados a cubrir las necesidades de su familia. El sesgo del proveedor masculino relaciona el derecho a los beneficios y servicios sociales con la participación en la fuerza laboral integrada al mercado, generando dependencia por bienes y servicios en las personas excluidas de dicha fuerza laboral. El resultado de esto ha sido que muchas mujeres quedan excluidas del acceso a servicios y beneficios, tornándose dependientes de los hombres sobre todo en aquellos períodos de sus vidas durante los cuales están intensamente ocupadas de cuidar a niñas/os y ancianas/os, y cuando ellas mismas llegan a la ancianidad.

Los enfoques de política macroeconómica que se enfocan exclusivamente o sobre todo en el empleo de tiempo completo para alcanzar metas sociales como una distribución equitativa del ingreso y la eliminación de la pobreza padecen el sesgo del proveedor masculino. Esto se debe a que las políticas del empleo de tiempo completo raramente toman en cuenta la relación entre las formas de trabajo remunerado y las de trabajo no remunerado que, en gran medida, las sostienen y sustentan. Para ser equitativas en cuanto al género, las políticas del empleo de tiempo completo se deben complementar con derechos sociales para quienes tienen empleos informales o de medio tiempo y para quienes hacen trabajo de cuidado no remunerado como parte de sus derechos ciudadanos.

El tercer sesgo a evitar es el de la privatización o la mercantilización, que ocurre cuando la prestación pública se considera menos eficiente que la privada sobre la base de mediciones de eficiencia que son incompletas y defectuosas y que no toman en cuenta el trabajo no remunerado y la calidad de la prestación. Esto resulta en el reemplazo de prestaciones públicas por otras basadas en el mercado, como derecho individual para quienes pueden pagarlas, creando así una infraestructura de, por ejemplo, jubilaciones privadas, cobertura de salud privada, hospitales privados, escuelas privadas, residencias de ancianas/os privadas, cuidado privado y pago de niñas/os y personas mayores, servicios públicos privatizados que cobran la energía y el transporte a tasas de mercado.

En lugar de unir fuerzas, compartir riesgos y recursos, permitir subsidios cruzados y dispositivos flexibles, la privatización crea distintos seguros para contingencias específicas. Un punto de continuidad con el sesgo del proveedor masculino es que todavía muchas veces se coloca a las mujeres en el lugar de personas a cargo. El riesgo que puede asegurarse contra enfermedades o vejez se construye en torno a las normas masculinas sobre el estatus en el mercado laboral; y las mujeres acceden tanto al sistema privado como al público a través de sus familiares varones. Los prestadores privados cobran a las/os trabajadoras/es que aseguran costos administrativos más elevados que el esquema público, y transfieren los riesgos a las/os aseguradas/os. El enfoque individual y basado en el mercado de estos derechos genera divisiones profundas entre quienes pueden pagar y quienes no pueden.

El sesgo de la privatización es un producto directo de un marco macroeconómico diseñado para reducir al mínimo el rol de los prestadores públicos. No solo existe presión para reducir el déficit presupuestario, sino también los niveles de fijación de impuestos y el gasto público. Un enfoque transformador de la equidad de género exige tener en cuenta plenamente estos tres sesgos en el diseño de las políticas económicas. Las/os ciudadanas/os en todo el mundo y la sociedad civil global deben exhortar a las/os funcionarias/os electas/os o designadas/os que diseñan políticas en los ministerios de finanzas y del sector social, así como a las/os líderes nacionales y las/os representantes de alto nivel a abordar las diversas maneras cómo la economía no remunerada y la economía de cuidado se dejan de lado en las prioridades económicas, al mismo tiempo que se depositan cargas y riesgos injustos sobre las mujeres y las niñas. Sólo entonces las estructuras económicas incluirán de verdad el trabajo social y el vinculado a la reproducción a niveles no remunerados e informales que sostiene la economía visible (formal, remunerada), la única a la que sirven la mayoría de las políticas en la actualidad.
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Notas

1 Ver http://www.yesicannes.com/yesicannes/G20_president_sarkozy_final_adress.html.

Referencias

1. Balakrishnan, R., Diane Elson, J. Heintz and N. Lusiani (2011) Maximum Available Resources & Human Rights: Analytical Report, June, New Jersey: Center for Women’s Global Leadership.
2. Bergeron, Suzanne (2001) ‘Political Economy Discourses of Globalization and Feminist Politics’, Signs 26(4).
3. Çagatay, Nilufer and Korkuk Ertürk (2004) ‘Gender and Globalization: A macroeconomic perspective’, Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization, International Labour Office Geneva, May. Working Paper no. 19.
4. Elson, Diane (2002) ‘International Financial Architecture: A view from the Kitchen’, Politica Femina.
5. Elson, Diane and Nilufer Cagatay (2000) ‘The Social Content of Macroeconomic Policies’, World Development 28(7).
6. Group of 20 (G20) (2010) ‘The Global Plan for Recovery and Reform’, London Summit Communiqué, 2 de abril, http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf, accessed 1 June 2012.
7. Group of 20 (G20) (2011) ‘G20 Coherent Conclusions for the Management of Capital Flows Drawing on Country Experiences’, 15 de octubre, http://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/2011/pdfs/annex05.pdf, consultado el 3 de abril de 2013.
8. International Monetary Fund (IMF) (2011a) ‘Global Economic Prospects and Policy Challenges’, 9–10 July, http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/070911.pdf, consultado el 3 de abril de 2013.
9. International Monetary Fund (IMF) (2011b) ‘Recent Experiences in Managing Capital Inflows – Cross-Cutting Themes and Possible Policy Framework’, Washington, DC, 14 February, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/021411a.pdf, consultado el 3 de abril de 2013.
10. Jain, Devaki and Diane Elson (2011) Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy: Rebuilding Progress, New Delhi: Sage Publications and UNDP.
11. Ocampo, José Antonio (2011) ‘El silencio del G20 sobre los controles de capitales’, 30 de octubre, http://www.project-syndicate.org/commentary/the-g-20-s-helpful-silence-on-capital-controls/spanish.
12. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2011) ‘Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising’, Paris, 5 de diciembre, http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_ 1_1_1_1,00.html.
13. Reinert, Erik S. (2007) How Rich Countries Got Rich … and Why Poor Countries Stay Poor, London: Constable Press.
14. Seguino, Stephanie (2011) ‘Rebooting1 Is Not an Option Toward Equitable Social and Economic Development’, in D. Jain and Diane Elson (ed.) Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy: Rebuilding Progress, New Delhi: Sage Publications and UNDP.
15. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2010) ‘Reconnection the Millennium Development Goals to the Development Agenda: An UNCTAD Perspective’, Note by the UNCTAD Secretariat, Trade and Development Board, Forty-ninth executive session, Geneva: 8–9 June, http://www.unctad.org//en/docs/tdbex49d3_en.pdf, consultado 3 de abril de 2013.
16. UNICEF (2011) ‘Austerity Measures Threaten Children and Poor Households’, September, http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Austerity_Measures_Threaten_Children.pdf.
17. Walby, S. (2009) ‘Gender and the Financial Crisis’, UNESCO Project on Gender and the Financial Crisis, 9 de abril, http://www.lancs.ac.uk/fass/doc_library/sociology/ Gender_and_financial_crisis_Sylvia_Walby.pdf, consultado el 3 de abril de 2013.