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Abrazar las alteraciones, responder a la falta de certezas, valorar la agencia: Haciéndole lugar a un enfoque feminista sobre la protección social

Elizabeth Reid, Marilyn Waring, Corina Rodriguez Enriquez, y Meena Shivdas analizan la proteccion social explicando que significa, como se diseñan e implementan las intervenciones de proteccion social. describen un enfoque feminista de la proteccion social basado en investigaciones recientes sobre el trabajo del cuidado no remunerado y las estrategias aplicadas a los derechos de las mujeres y niñas/os a la tierra, a otros recursos y oportunidades.

Introducción

Las consecuencias de la crisis financiera global afectaron el bienestar de las mujeres, los hombres y las/os niñas/os. La presión fiscal que sufrieron las economías centrales comenzó como un problema del sector financiero y fue creciendo hasta convertirse en ‘crisis agravadas que devastaron muchos hogares’ (Mukherjee et al., 2012). Las vidas de mujeres, hombres y niñas/os estuvieron en la línea de fuego. Frente a estas alteraciones y falta de certezas, el diálogo global emergente sobre protección social se torna significativo. La creciente feminización de los ingresos y de la pobreza de tiempo exige un cuestionamiento de los límites, intenciones y resultados de las medidas de protección social.

Analizamos el discurso y la práctica de la protección social. Teniendo en cuenta las agendas en disputa y los distintos actores en la esfera de la protección social que están implementando una amplia variedad de medidas, nos preguntamos quién controla el significado de la ‘protección social’. ¿Qué impacto ejerce ese ‘control’ en el diseño y la implementación de intervenciones de protección social? La protección social, ¿llega a las cuidadoras a tiempo completo que padecen una severa pobreza de tiempo, y a las personas pobres y marginadas cuyas vidas se ven acuciadas por la falta de acceso a los recursos y servicios?

Al responder estas preguntas, describimos un enfoque feminista de la protección social basado en investigaciones recientes sobre el trabajo del cuidado no remunerado y las estrategias aplicadas por los derechos de mujeres y niñas/os a la tierra y a otros recursos u oportunidades. El contexto es el del VIH en los países de la Mancomunidad de Naciones(1) y la evaluación de las transferencias monetarias condicionadas (CCT en inglés) como modalidad preferida de protección social en África, América Latina y otras regiones.

Emplear la perspectiva del cuidado de personas que viven con VIH para desmenuzar el significado e impacto de la protección social nos permite repensar las agendas en esta área. Como el VIH deja una estela de desolación, genera un ‘ritmo y una lógica’(2) de cuidado e impacto complejos. Algunas de las preguntas que surgen son ‘¿Quién necesita atención?’, ‘¿Quién la brinda?’, ‘¿Quién se queda atrás?’, ‘¿Cómo protegemos a las cuidadoras que están atrapadas en el trabajo del cuidado, buscando todo el tiempo formas de sobrevivir, sin tener tiempo de ingresar al empleo formal?’ También podemos analizar el miedo y el maltrato, el efecto de las leyes punitivas y el impacto del estigma sobre las personas afectadas por el VIH. Algo importante es que también podemos observar la aparición de ‘falta de certezas’ en los resultados de la investigación sobre cuidado no remunerado en el área del VIH e identificar cómo las estrategias aplicadas responden a esto.

Al desmenuzar las CCT evaluamos la discriminación y las desventajas, y preguntamos ‘Las medidas de protección social, ¿llegan a las personas pobres como se proponían hacerlo?’ Como lo señalara Magdalena Sepúlveda Carmona, la Relatora Especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos en su informe (A/66/265, para 9:5): ‘La estigmatización y las actitudes prejuiciosas generan un sentimiento de vergüenza, que desalienta a las personas que viven en la pobreza a acercarse a los funcionarios públicos en busca del apoyo que requieren. Para no exponerse a una discriminación social mayor aún mediante el acceso a servicios que la sociedad estigmatiza, puede que esas personas se abstengan de reclamar derechos’. En este sentido, nos preguntamos cuáles son las consecuencias de crear sistemas duales de protección social en los que hay un conjunto de beneficios sólidos para las personas que tienen empleo formal (bajo la forma de derechos laborales) y al resto se le ofrecen transferencias monetarias que resultan inadecuadas, limitadas y restringidas en el tiempo, sometidas a exigencias de conducta bajo la forma de condiciones.

Al analizar el impacto de estas condiciones sobre los roles de género de las mujeres e identificar las presiones adicionales sobre su tiempo y sus compromisos, proponemos que quienes diseñan políticas reconozcan la ‘desprolijidad del género’ (Kandiyoti, 1998) para que puedan elaborarse políticas y prácticas texturadas. El marco de referencia para una protección social feminista que recomendamos exige intervenciones pensadas en un lenguaje de respeto y empoderamiento e implementadas de manera acorde. También demostramos que es posible anticipar las necesidades de quienes prestan cuidados todos los días del año, las veinticuatro horas del día, y que el enfoque estratégico y de planificación de políticas debería ser la protección social anticipatoria. Dado que quienes más necesitan protección frente a las condiciones de vida adversas raramente intervienen en la planificación e implementación de las políticas, un enfoque como este tal vez logre una protección social que lleve a la justicia social.

En el mapeo del campo actual de la protección social, destacamos los factores limitantes que determinan un paisaje en el que las viudas y mujeres abandonadas, las/os niñas/os en familias afectadas por el VIH, las/os huérfanas/os del VIH (Kidman et al., 2012), las personas enfermas, deprimidas y muriendo de VIH, quienes las/os cuidan y también las personas pobres a quienes apuntan las medidas de CCT viven sus vidas. En nuestra conclusión, presentamos un enfoque feminista transformador de la política de protección social anticipada que llevará a la justicia social.

El campo de la protección social

Los primeros discursos sobre protección social incluyen a diversos sectores como la seguridad alimentaria y de ingresos, la asistencia social y la gobernabilidad. Pero la protección social también debería tener que ver con el acceso a la tierra y a la propiedad, las modalidades de apoyo social y redes de protección que son específicas a distintas culturas, y las estructuras y espacios seguros en los que la movilidad de las mujeres y niñas/os no se ve amenazada ni obstaculizada.

Los sistemas y dispositivos de implementación de la protección social también varían, desde las pensiones contributivas; las transferencias monetarias condicionadas o sin condicionar; la seguridad social y los servicios públicos de salud, educación y nutrición financiados con impuestos; el pago de servicios en especie; los aportes comunitarios en efectivo y en especie; la provisión de viviendas sociales y la infraestructura relacionada con ellas en apoyo a las comunidades; el trueque y las obligaciones sociales, todos ellos implementados por actores estatales y no estatales, lo que hace que resulte difícil acordar una definición particular de protección social.

En un contexto nacional, mientras que la agenda de protección social muchas veces se basa en las políticas de gobierno, algunos de sus temas también son impulsados por los países donantes. Cada agencia donante u organización multilateral tiene su propia definición de protección social, que refleja sus prioridades económicas.

Por ejemplo, el Banco Mundial considera la protección social como ‘… un conjunto de medidas para mejorar o proteger el capital humano, que van desde intervenciones en el mercado laboral, seguros de desempleo o para la vejez establecidos por el Estado hasta el apoyo focalizado en cuanto a ingresos…’ y como un mecanismo de defensa para ‘asistir a individuos, hogares y comunidades a poder sortear mejor los riesgos en cuanto a ingresos que los tornan vulnerables…’ durante períodos de crisis. En el mismo sentido, el Banco de Desarrollo Asiático vincula la protección social a ‘políticas y programas destinados a reducir la pobreza y la vulnerabilidad promoviendo mercados laborales eficientes, reduciendo la exposición de las personas a los riesgos y mejorando su capacidad de protegerse frente a los peligros y a la interrupción/pérdida de ingresos’. En ambos casos el acento está puesto en gestionar mejor los riesgos en materia de ingresos que tornan vulnerables a las personas.

La OIT se concentra en la seguridad en el ingreso, por eso pone énfasis en la fuerza de trabajo y las condiciones laborales, el mismo argumento que propone para promover su agenda del trabajo decente: ‘… la provisión de beneficios a hogares e individuos… que los protejan frente a estándares de vida bajos o en declive’. Las tres definiciones se limitan al sector del empleo formal. Pero la UNRISD adopta una definición diferente, enfocada en las situaciones que afectan de manera negativa el bienestar de las personas. UNICEF, cuyo mandato tiene que ver con niñas/os, recientemente expresó su visión de la protección social que reconoce la capacidad de las niñas/os como individuos, por derecho propio.

El piso de protección social que promueve la ONU y lideran la OMS y la OIT está pensado como un conjunto integrado de políticas sociales destinado a garantizar seguridad en el ingreso y acceso a los servicios sociales “para todas/os”, prestando atención especial a los grupos vulnerables, protegiendo y empoderando a las personas a lo largo de su ciclo vital.(3) Ninguna de las definiciones que acabamos de presentar incluye el trabajo del cuidado, doméstico, comunitario, de subsistencia, culturalmente tradicional y otros. Si bien las instituciones que forman el sistema de la ONU entienden los conceptos de protección social o su piso de maneras diferentes, todas están de acuerdo en que la protección social tiene que ver con la protección frente a la adversidad.

Un investigador y una investigadora del Instituto de Estudios sobre Desarrollo (Institute of Development Studies) consideran que la protección social es mucho más que proteger los ingresos y realzar los resultados del mercado laboral (Devereux and Sabates-Wheeler, 2004). Sostienen que debería abordar las vulnerabilidades asociadas con ‘ser pobre’, incluyendo el riesgo de ‘empobrecerse’, sobre todo durante períodos de crisis económica. También debería abordar el ambiente de injusticia social que resulta de las desigualdades prevalecientes en la sociedad y la ley.(4)

En esta definición, la protección social incluye una variedad de intervenciones políticas que protejan a las personas vulnerables frente a los riesgos que afectan a sus medios de vida, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y el trato discriminatorio. En consecuencia, la protección social promueve los derechos humanos de grupos y personas marginadas, sobre todo mujeres, niñas/os, personas mayores y personas con discapacidad.

La política de protección social cumple cuatro roles distintos pero conectados entre sí: protección, prevención, promoción y transformación (Davies and McGregor, 2009). Si bien cada uno de estos roles implica un determinado conjunto de acciones (beneficios por discapacidad, esquemas de pensión, transferencias monetarias o en especie, modificación de disposiciones legales, etc.), se refuerzan mutuamente. Cada uno ejerce un efecto multiplicador en el impacto de las políticas de protección social.(5)

Cualquiera sea el sistema de gobierno, una responsabilidad fundamental y un indicador de la legitimidad de los gobiernos es proteger a sus gobernadas/os del daño físico o las penurias económicas (Devereux et al., 2011: 9). Por eso enfatizamos el rol central de los gobiernos en cuanto a proteger a las personas de la adversidad. Sin embargo, con la caída económica global se está vaciando el estado de bienestar lo que genera más trabajo no remunerado.

En este contexto, ¿cómo quedan incluidas las vidas de las mujeres y de otras personas que están fuera del sistema en la definición de protección social? ¿Cómo pueden las políticas de protección y prevención ir más allá de resultados económicos limitados para abordar el acceso a los bienes y la propiedad, así como otras medidas políticas transformadoras anticipatorias para las personas desposeídas y privadas de derechos?

En la sección siguiente, presentamos los resultados de una investigación de la Secretaría de la Mancomunidad de Naciones sobre cuidados no remunerados para personas afectadas por el VIH en once países y situamos las experiencias de GROOTS, una iniciativa de movilización de sectores populares liderada por mujeres rurales de Kenia que cuidan a personas afectadas por VIH; Serendipity Educational Endowment Fund (SEEF, Fondo Patrimonial Inesperado para la Educación), una iniciativa comunitaria para la educación de niñas/os afectadas/os por el VIH en Papúa Nueva Guinea; Indlunkhulu, una iniciativa de jefes tradicionales para huérfanas/os del VIH y niñas/os vulnerables (HNV) en Suazilandia, y una evaluación de CCTs en América Latina.

Situando la agencia y la transformación

La investigación de la Secretaría de la Mancomunidad titulada ¿A quién le importa? (Who Cares?), que privilegió las voces de cuidadoras hogareñas no remuneradas de personas afectadas por VIH en diversos ambientes(6) de once países muestra que las mujeres y niñas/os, sobre todo estas últimas, llevan la mayor carga en las familias afectadas por el VIH. Los resultados revelaron que las cuidadoras sufrían pobreza de tiempo y no tenían:
• opción;
• esperanza ni ayuda, sólo trabajo incesante;
• tiempo libre, vacaciones, respiro;
• perdían oportunidades en educación, formación y empleo;
• sufrían violencia, incluyendo violaciones, amenazas y hostigamiento;
• eran objeto de estigma que quebraba el apoyo tradicional;
• tenían razones para rechazar la canasta de alimentos entregada como ayuda debido al estigma abrumador asociado a la comida ‘del SIDA’;
• eran discriminadas en hospitales y clínicas;
• vivían en estado de permanente falta de certeza.

Las mujeres son cuidadoras por defecto y no tienen opción en esta materia, aun cuando ellas mismas estén infectadas y necesiten atención. Además, casi siempre las mujeres y niñas son las más estigmatizadas y discriminadas por la sociedad. El trabajo no remunerado del cuidado que hacen las mujeres es implacable y no termina nunca; ellas no están disponibles para los empleos formales, ni tienen el tiempo o los recursos para capacitarse. Pero estos temas son ignorados en el discurso actual de la protección social, aun cuando es el trabajo del cuidado hecho por las mujeres lo que subsidia el costo de la atención.

Las violaciones a los derechos de las cuidadoras se manifiestan de diversas maneras: se les priva del derecho a la dignidad, al descanso y el tiempo libre, a un estándar de vida decente y a participar en la vida de la comunidad. Lo que es aún más importante es que a las cuidadoras no remuneradas se les niega la capacidad básica que tiene toda persona de vivir una vida normal, y por lo tanto se encuentran en situación de ‘servidumbre de capacidades’ y de pobreza en materia de tiempo.(7) La arquitectura de protección social vigente no tiene en cuenta esta violación a los derechos de las cuidadoras.

GROOTS

Una de las principales preocupaciones de la iniciativa GROOTS en Kenia es la revisión de leyes que afectan a HNV, sobre todo en cuestiones de acaparamiento de tierras y pérdida de herencias. GROOTS Kenia, una red nacional de 2500 mujeres de grupos de autoayuda de sectores populares comenzaron a organizar la Home-Based Care Alliance (Alianza de Cuidadoras a Domicilio) en 2003. Se trata de una federación horizontal que reúne a cuidadoras a domicilio y procura generar una mayor coordinación y aprendizajes entre pares para defender el reconocimiento de su trabajo, una mayor integración en las respuestas formales del sector salud al VIH y fortalecer sus medios de vida. Pueden verse impactos inmediatos en términos de su trabajo y sus medios de vida: gracias al apoyo recibido, algunas cuidadoras tienen ahora una menor carga laboral. Se crearon iniciativas de autoayuda, ahorro y crédito, préstamos rotativos y generación de ingresos para ayudar a las cuidadoras a ganarse la vida. Ellas también impulsaron la creación de Watch Dog Groups (Grupos Monitores), en los que la comunidad se asocia con funcionarias/os del gobierno para prevenir el acaparamiento de tierras de viudas y huérfanas/os u otorgarles compensaciones.

Compartiendo más información, la Alianza logró que las cuidadoras ejerzan una mayor influencia y les permitió elevar su eficacia, vinculó al gobierno con las ONG, eliminó la duplicación y financió a las personas que más lo necesitaban en sus comunidades. A consecuencia de esto, los nuevos programas y recursos que llegan a las comunidades pueden generar beneficios de inmediato porque pueden construir a partir de lo ya logrado por los esfuerzos de organización y movilización comunitaria de la Alianza e invertir en ellos. La red de protección social comunitaria que ha surgido adoptó un enfoque de ‘protección social transformadora’ (Asaki and Hayes, 2011).

Serendipity educational endowment fund (SEEF)

En Papúa Nueva Guinea, casi el 80 por ciento de la población vive dentro de la economía informal. Los sistemas de conocimiento autóctonos y los mecanismos sociales tradicionales como la reciprocidad, el acceso a tierras comunitarias, bosques y bancos de pesca comunitarios, agricultura tradicional y apoyo social basado en redes de parentesco funcionan como mecanismos de protección social.

Algunas veces las/os HNV cuentan con el apoyo de sus clanes o wantok; sin embargo, la actitud más habitual de las familias extensas es rechazar a las/os huérfanas/os del VIH. ¿Qué sucede con los sistemas tradicionales de protección social cuando el patriarcado, el estigma y la discriminación forman parte de ellos? ¿Cómo pueden las medidas de protección social responder a estas situaciones? SEEF descubrió que las/os niñas/os cuyas madres y padres estaban afectadas/os por el VIH habían abandonado la escuela mucho antes de quedar huérfanas/os. Factores como la tensión familiar, las cuotas escolares inaccesibles, la ruptura de la familia cuando un/a progenitor/a la abandona o muere, muchas veces resultan en situaciones en las que las/os niñas/os se quedan sin herencia, sin tierra, sin hogar y más. Apoyar a niñas/os afectadas/os por el VIH a través de la educación fue una necesidad insatisfecha que SEEF se propuso satisfacer elaborando principios orientadores basados en valores comunitarios, realidades sobre el terreno y, lo más importante, respeto a los derechos de las/os niñas/os.

Indlunkhulu

La iniciativa Indlunkhulu o de terrenos de jefes tradicionales para HNV comenzó en 2004 como un programa del Swaziland National Emergency Response Council on HIV and AIDS (Consejo Nacional de Respuestas de Emergencia frente al VIH y SIDA de Suazilandia). La iniciativa buscó revivir una tradición por la cual los jefes reservaban tierras para que alimentaran a las/os personas desposeídas de sus comunidades o a quienes por enfermedad, accidente o vejez no podían cultivar la tierra por sí mismas/os. Esta tradición podía ofrecer una solución en el largo plazo para la seguridad alimentaria de las/os HNV. En 2007, 360 de las 369 jefaturas Suazi estaban participando en el programa Indlunkhulu.
En las comunidades participantes, se crea un comité Indlunkhulu. El comité compila una lista de personas que se beneficiarán del esquema en cada comunidad y tiene la responsabilidad de asignar los insumos (servicio de tractor, semillas, etc.) a las/os beneficiarias/os. Los criterios para seleccionar beneficiarias/os dejaron bastante espacio para las interpretaciones a nivel local y es posible que se estén dejando de lado causales de vulnerabilidad para HNV como la discapacidad. Esta iniciativa se complementa con un programa financiado por la Agencia Japonesa de Ayuda que asigna parcelas de media hectárea cada una en 320 jefaturas para que sean cultivadas individualmente por hogares con jefatura infantil. Esta iniciativa reconoce la erosión de cohesión social causada cuando las/os niñas/os que han quedado huérfanas/os pierden sus derechos a la tierra bajo la normativa tradicional, y procura compensar esta situación.

Transferencias monetarias condicionadas

En América Latina, los programas de CCT se han convertido en el formato principal de la asistencia gubernamental para las poblaciones pobres. Casi todos los gobiernos de la región tienen algún programa de este tipo y en algunos países estos programas se han convertido en el eje principal de sus políticas de asistencia. Sus dos características distintivas son: (i) una transferencia monetaria, a nivel básico o mínimo; (ii) condiciones que por lo general incluyen que las/os niñas/os asistan a la escuela con regularidad y reciban atención sanitaria.

Estas dos características que definen a las CCT están basadas en las siguientes metas de las políticas públicas: (i) aliviar la pobreza de ingresos; (ii) contribuir al fortalecimiento del capital humano de las/os niñas/os, intentando así romper con el ciclo intergeneracional de pobreza. Son programas altamente feminizados, en primer lugar porque las mujeres son las cuidadoras ‘naturales’ y luego porque se asume que ellas sí van a utilizar el dinero para beneficio de las/os niñas/os.

Son pocos los estudios que abordan el impacto de estos programas sobre las vidas de las mujeres.(8) Los resultados de estas investigaciones se pueden resumir de la siguiente manera: (i) Las CCT les dan acceso a las mujeres a un ingreso en dinero con el que de otra manera no contarían, dadas las dificultades a que se enfrentan en el mercado laboral; (ii) efectivamente reducen la pobreza de ingresos, sobre todo la pobreza extrema, mejorando la calidad material de vida de las mujeres (sus hijas/os y familias); (iii) la mejoría en su posición económica también ayuda a mejorar la autoestima de las mujeres, y a veces también el lugar que ocupan en los procesos de toma de decisiones en los hogares.

Pese a sus impactos positivos, las CCT también (i) refuerzan (a través de las condiciones) el rol de las mujeres como cuidadoras; (ii) incrementan el trabajo no remunerado de las mujeres; (iii) reproducen un ‘ciclo de inactividad’ al crear un elemento disuasorio para la participación de las mujeres en el mercado laboral; (iv) no alientan la participación de los hombres en las actividades del cuidado; (v) no ofrecen espacio para las voces de las mujeres; (vi) no transforman las vidas de las mujeres pobres, sino que más bien las congelan en la situación de ser receptoras pasivas de un apoyo mínimo en cuanto a ingresos.

En algún sentido, las CCT representan un intento de extender los mecanismos de protección social a una población que estructuralmente está excluida de la mayoría de esas protecciones. Ese objetivo es valioso en sí mismo. Por eso, deberíamos cuestionar si las CCT representan un punto de llegada en cuando a esta meta o si sería mejor considerarlas como un punto de partida.

Desde una perspectiva feminista, las CCT brindan una plataforma razonable para desde allí avanzar a un esquema transformador de protección social, sobre todo cuando se abordan los puntos débiles ya mencionados junto con acciones para garantizar el acceso igualitario a recursos económicos, oportunidades laborales y protección frente a la adversidad. La redistribución del trabajo remunerado y no remunerado, así como la prestación de cuidados para todas/os priorizando a aquellas/os que cuidan a otras/os, son elementos centrales de un paradigma de protección social más justo. Un enfoque así podría ofrecerles a las mujeres y los hombres el apoyo que necesitan para elegir las vidas que quieren vivir.

Un marco de referencia feminista para la protección social

La frase ‘protección social’ puede hacer sonar alarmas entre las feministas. Históricamente, las feministas han luchado contra las políticas de protección social para las mujeres: las prohibiciones de que las mujeres trabajaran bajo tierra, por ejemplo en las minas, o la prohibición de que ingresaran a las fuerzas de defensa o a la policía. Estas políticas reflejan las concepciones de quienes las diseñan acerca de lo que les resultaba correcto y apropiado para las mujeres. En la medida en que las propias mujeres adherían a estos paradigmas específicos de feminidad, también reflejaban sus opiniones. Pero no sus capacidades (Shivdas and Mukherjee, a publicarse en 2013) y no fueron producto de que a las mujeres se les dieran los espacios y recursos necesarios para resolver estas cuestiones por sí mismas.

Recordar las políticas de protección social del pasado sirve para destacar las consideraciones que deben tenerse presentes al elaborar un enfoque feminista de la protección social. La versión actual de la pregunta que se formulan quienes diseñan políticas podría ser ‘¿Qué necesitan las mujeres y niñas/os para estar protegidas/os de la adversidad?’. Esta es una pregunta de ingeniería social. Instrumentaliza y a nosotras nos parece que no empodera a las mujeres. En el mejor de los casos, expresa un paternalismo benigno. La pregunta feminista podría ser: “¿Qué haría más fáciles, más seguras y más libres nuestras vidas, y qué haría que fuéramos más valoradas y productivas, que tuviéramos más oportunidades en la vida y más poder?’ Estas preguntas resultan de un paradigma diferente de lo que es ser mujer.

Yakin Ertürk(9) sostiene que como feministas necesitamos analizar con más detalle nuestros paradigmas, políticas y prácticas. Prestando atención a esto, nos comprometemos a intervenir en el discurso y los paradigmas de protección social. En un enfoque feminista, reflejarán valores, formas de ver el mundo y de interactuar con él que también serán feministas. La literatura sobre protección social está saturada del lenguaje de la vulnerabilidad y el riesgo. Ese no es nuestro lenguaje, no es así como hablamos de nosotras mismas. El concepto de vulnerabilidades debilita, reduce nuestra agencia y productividad a una inadecuación que tiembla frente a la adversidad. El lenguaje del riesgo no es el nuestro. La paradoja es que nosotras somos las ‘que se arreglan’, las que encontramos formas de alimentar, vestir y educar a nuestras hijas/os, de mantener a raya a la depresión, de alentar la esperanza, de cuidar a nuestras/os enfermas/os. Necesitamos que se nos apoye a partir de nuestras fortalezas y capacidades y no que se nos reduzca a ser las vulnerables a las que se debe proteger.

Los discursos y paradigmas de la literatura de protección social no reflejan la textura y la integridad(10) de nuestras vidas. Nuestras vidas son complejas. Podemos hablar el lenguaje de la carga del cuidado, porque el cuidado es oneroso, pero no es sólo eso. Muchas veces, cuando se trata de cuidados no remunerados, las personas que cuidamos son aquellas que amamos, y cuidarlas nos da alegría y satisfacción, junto con las demandas paralizantes que implica hacerlo. Necesitamos un lenguaje de agencia, anticipación, contribución, productividad, complejidad.

Las políticas de protección social necesitan capturar la naturaleza de retazos que tienen las vidas de las mujeres, junto con su textura e integridad, la cohesión entre las distintas partes, cómo las responsabilidades divididas y variadas se entretejen con las estrategias de enfrentamiento para formar un todo cohesionado. En nuestras vidas, no se puede retirar al trabajo remunerado de esta ‘colcha de retazos’ y tratarlo como entidad divisible, de una calidad y una clase diferente al trabajo que hacemos para mantener unida a la familia, la comunidad, la iglesia, las escuelas, las amistades y los otros aspectos de nuestras vidas.

Tan importante como lo anterior es que las feministas entendamos que más allá de la elección de políticas están los procesos y las intervenciones mediante las cuales se las implementa, el vínculo que traza Ertürk entre políticas y prácticas. Los principios feministas exigen que se piensen los programas con un lenguaje de respeto y empoderamiento, y que se los implemente de maneras respetuosas y que empoderen.

Los procesos e intervenciones de implementación deben reflejar los valores y prácticas feministas. Las críticas de feministas latinoamericanas (ver más arriba) y cada vez más de las feministas africanas(11) y de Medio Oriente(12) a los programas de CCT muestran que allí donde su implementación depende de la participación (no rentada) de las mujeres, las han explotado y no han sido nada eficientes.

Los programas de protección social pueden reflejar, reforzar o empeorar las inequidades y patrones de estigma y discriminación existentes, o pueden proteger a la vez que transforman.

Los principios feministas hacen que en los programas de protección social las mujeres dejen de ser receptoras pasivas de limosnas para convertirse en participantes activas que obtienen aquello a lo que tienen derecho. GROOTS apoya a las mujeres para que participen en crear y proteger su propio bienestar, y en ese proceso las mujeres se llenan de energía y transforman sus vidas.

Las prácticas feministas de protección social no sólo responden a la adversidad sino que cuestionan los vínculos sociales, valores culturales y fuerzas estructurales que subyacen a las adversidades. Esto lo hacen sobre todo logrando que las mujeres actúen en forma colectiva por la justicia social y el cambio. Transforman las relaciones, fuerzas y abusos de poder que son responsables de la necesidad de protección frente a la adversidad.

Notas

  1. La Mancomunidad es una asociación de 54 países de África, Asia, el Caribe, Europa, el Pacífico y América del Norte con valores compartidos como la democracia y el desarrollo y una herencia jurídica común.
  2. En el Foro AWID 2012, Naila Kabeer afirmó que ‘el cuidado tiene su propio ritmo y su propia lógica’.
  3. Informe de Bachelet página 9, citando a la Junta Ejecutiva Principal de Naciones Unidas.
  4. Devereux y Sabates-Wheeler proponen una definición conceptual y otra operativa de la protección social, que se han utilizado mucho en la literatura sobre el tema. Conceptual: Todas las iniciativas públicas y privadas que aportan transferencias de ingresos o consumos a las/os pobres, protegen a las/os vulnerables contra los riesgos que afectan su subsistencia, y mejoran la condición social y los derechos de las/os marginadas/os con el objetivo general de reducir la vulnerabilidad económica y social de los grupos pobres, vulnerables y marginados. Operativa: Todas las iniciativas, formales e informales, que brindan asistencia social a las personas y hogares extremadamente pobres; servicios sociales para grupos que necesitan cuidados especiales o que de otra manera tendrían negado el acceso a servicios básicos; seguro social para proteger a las personas de los riesgos y consecuencias de conmociones relativas a sus medios de subsistencia; y la equidad social para proteger a las personas contra riesgos sociales como la discriminación o el abuso.
  5. Las medidas de protección ofrecen alivio frente a las privaciones e incluyen instrumentos tradicionales de redes de seguridad, asistencia social y servicios sociales para personas pobres o grupos que requieren cuidados especiales. Por ejemplo, pensiones a la vejez o para viudas. Las medidas preventivas procuran prevenir las privaciones y abordar directamente el alivio a la pobreza. Incluyen seguros sociales para las personas que cayeron, o podrían caer, en la pobreza y pueden incluir sistemas formales y mecanismos informales, como grupos de autoayuda para mujeres y sociedades cooperativas de microcréditos. Las medidas de promoción abordan las dimensiones de la política social en el largo plazo, que procuran reforzar las estrategias de subsistencia mediante la protección a los bienes y el acceso a recursos de propiedad común. Algunos ejemplos son los esquemas de empleo garantizado como el National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS, Esquema Nacional de Empleo Rural Garantizado) en India y el Extended Public Works Programme (EPWP, Programa Extendido de Obras Públicas) en Sudáfrica. Las formas transformadoras de protección social están pensadas para abordar las estructuras sociales subyacentes que originan las vulnerabilidades sociales. Más que un enfoque programático, la protección social transformadora implica cambios en el marco regulador para proteger a grupos socialmente vulnerables de la discriminación y el abuso, como por ejemplo a las mujeres y niñas/os afectadas/os por la epidemia del VIH. La iniciativa GROOTS en Kenia, que protege los derechos de las mujeres a la tierra, es un ejemplo.
  6. Bangladés – cuidadora VIH+ de su marido usuario de drogas; Botswana – cuidadora que atiende a su tía; Canadá – mujer privada de su libertad a la que cuida su madre; Guyana – trabajadora sexual que cuida a su hermana moribunda en el hospital; India – trabajadora sexual que cuida a su tía; Jamaica – hombre gay que cuida a su pareja; Namibia – abuela que cuida a sus nietas/os huérfanas/os, cuidadora positiva que atiende a su familia extensa; Nueva Zelanda – persona trans a quien cuidan su pareja, madre, padre y hermana; Nigeria – mujer musulmana positiva a la que cuida su hermana; Papúa Nueva Guinea – madre que cuida a su hija moribunda, cuidadora que cuida a su hermana y su cuñado; Uganda – cuidadora infantil cuidando a su madre y criando a sus hermanas/os.
  7. La ‘servidumbre de capacidades’ designa a una situación en la que la dignidad y la libertad de una persona se ven circunscriptas por su incapacidad de liberarse del trabajo constante, sin tiempo libre, especialmente en el caso de las cuidadoras no remuneradas en hogares afectados por el VIH (Waring et al., 2011).
  8. Se puede encontrar una revisión exhaustiva de los resultados de la investigación en Rodríguez Enríquez (2011).
    Para los hallazgos específicos de cada programa/país, ver las referencias de esa publicación.
  9. Ver Yakin Ertürk en este número de Development.
  10. Ver Marilyn Waring en este número de Development.
  11. Esther Mwara Muiru, Foro AWID 2012.
  12. Hania Sholkamy ‘What would a Feminist CCT Programme Look Like? Pathways of Women’s Empowerment’, www.pathwaysofempowerment.org/Egypt_CCTs.pdf

Referencias

Asaki, Becca and Shannon Hayes (2011) ‘Leaders, Not Clients: Grassroots women’s groups transforming social protection’, Gender and Development 19(2): 241–253.

Davies, Mark and J. Allister McGregor (2009) Social Protection: Responding to a global crisis,
www.ids.ac.uk/files/dmfile/SocialProtectionDaviesandMcGregor.pdf consultado el 10 de julio de 2012.

Devereux, Stephen, J. Allister McGregor and Rachel Sabates-Wheeler (2011) ‘Introduction: Social protection for social justice’, IDS Bulletin 42(8), November, United Kingdom: Institute of Development Studies; University of Sussex.

Devereux, Stephen and Rachel Sabates-Wheeler (2004) ‘Transformative Social Protection’, IDS Working Paper, No. 232, United Kingdom: University of Sussex.

Kandiyoti, Deniz (1998) ‘Gender, Power and Recontestation: “Rethinking bargaining with patriarchy” ’, en Cecile Jackson and Ruth Pearson (eds.) Feminist Visions of Development: Gender, analysis and policy, London: Routledge.

Kidman, Rachel, James A. Hanley, Geoff Foster, S.V. Subramanian and S. Jody Heymann (2012) ‘Educational Disparities in AIDS-Affected Communities: Does orphanhood confer unique vulnerability?’ Journal of Development Studies 48(4): 531–548.

Mukherjee, Anit, Elizabeth Reid, Marilyn Waring and Meena Shivdas (2012) ‘Social Protection – A question of delivering on rights and resources’, Commonwealth Secretariat Discussion Paper No. 13, April, London.

Rodríguez Enríquez, Corina (2011) ‘Programas de transferencias condicionadas de ingreso e igualdad de género. ¿Por dónde anda América Latina?’ Santiago: Cepal. Serie Mujer y Desarrollo 109.

Shivdas, Meena and Anit Mukherjee (a publicarse en 2013) ‘Whose Rights Count? Unpaid HIV Care and the Economics of Dignity – A research journey with Marilyn Waring’, en Margunn Bjørnholt and Ailsa McKay (eds.) Counting on Marilyn Waring, Bradford, ON: Demeter Press.

Waring, Marilyn, Robert Carr, Anit Mukherjee and Meena Shivdas (2011) Who Cares? Economics of Dignity, London: Commonwealth Secretariat.

 


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